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Ciudad de Panamá/Prensa Latina
Acuerdos para pasar a una segunda fase del diálogo social y la vista fiscal en el caso de Odebrecht signaron la semana que concluye hoy en Panamá.
Sobre la continuidad de las conversaciones iniciadas el pasado 21 de julio en la provincia de Coclé, el Gobierno propuso a las organizaciones populares que las sesiones iniciaran los días 6 y 7 de octubre próximo con el obispo Julio Morray, presidente del Comité Ecuménico Nacional, como mediador.
La segunda etapa estaría integrada por las alianzas que participaron en las pláticas (Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado y Bastión del Oriente Chiricano Ngäbe Buglé y Campesinos), así como funcionarios del Ejecutivo, a los que sumaría el sector empresarial.
En esos intercambios abordarán los ejes temáticos propuestos por los colectivos como seguridad y soberanía alimentaria; derechos humanos, ambiente y pueblos originarios; vivienda y hábitat (infraestructura pública); educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social; laboral; transporte y logística.
La segunda fase se instalará en la Universidad Tecnológica de Panamá, en esta capital, y las sesiones serán transmitidas en las redes sociales del sistema estatal de radio y televisión, precisaron.
En esta segunda etapa, la Iglesia católica actuaría como observadora.
En los últimos siete días sobresalió además el inicio de la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, que se extenderá hasta el 30 de septiembre y es considerada el juicio de mayor connotación contra la corrupción en el país istmeño, unas 813 páginas de esa investigación. Entre los 50 imputados principales destacan los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y los dos hijos del primero (Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares), actualmente presos en Estados Unidos, luego de confesar que lavaron hasta 28 millones de dólares en coimas de la constructora brasileña, obligados por su padre, según confesaron.
La fiscal superior Ruth Morcillo precisó que tras la lectura de toda la investigación, y las respectivas evidencias se entrará en la fase de alegatos de la defensa.
El Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que acreditan el lavado de dinero por parte de personas naturales y jurídicas, incluyendo exservidores gubernamentales, informes apoyados por asistencias jurídicas internacionales de Estados Unidos, Brasil, Suiza y Andorra.
De acuerdo con la fiscalía, la compañía brasileña y sus filiales a nivel mundial hicieron contrataciones onerosas con el Estado panameño y en otras jurisdicciones, y ejecutaron en el istmo importantes proyectos desde 2006.
También señalaron que se constituyeron sociedades anónimas en diferentes jurisdicciones, incluida la nación canalera, con el objetivo de transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con el soborno a servidores públicos y financiamiento de campañas políticas.
De acuerdo con las evidencias mostradas, Odebrecht pagó en Panamá coimas por más de 50 millones de dólares.
