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Gloria Silvia Orellana
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“Es el discurso que ha mantenido el Estado de El Salvador de manera reiterada, en distintas intervenciones que ha tenido ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos”, resumió, Gabriela Santos, directora del IDHUCA, al reaccionar ante el informe oficial presentado por el Estado de El Salvador ante la ONU.
En el Examen Periódico Universal (EPU), son otros Estados miembro de la Naciones Unidas (ONU) los que dan reconocimiento y recomendaciones a sus pares, en su proceso de desarrollo social y cumplimiento de obligaciones de un Estado democrático.
Junto a representantes de otras organizaciones de defensa de derechos humanos, ambientalistas, mujeres, jóvenes y academia, entre otros, Santos destacó las recomendaciones que han señalado, y que debe cumplir el Estado salvadoreño, desde los EPUs anteriores.
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, entre otros, protocolos facultativos, esperan que hagan eco y sean retomados por el Estado salvadoreño.
“Es importante también que de manera nominal exista una figura de Comisionado de Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión, pero no puede ser que solo sea un nombramiento más”, manifestó.
“Y debe trabajar en el reconocimiento de los derechos humanos, no sólo un poco de maquillaje para hacer ver a El Salvador, como que, si le interesa los derechos humanos, cuando en el fondo no es así”, reiteró Santos.
En su discurso de apertura de presentación del informe oficial del Estado salvadoreño, el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, enfatizó que el gobierno del presidente Nayib Bukele está enfocado en formular “políticas más efectivas y orientadas a atender las necesidades reales de la población”.
No obstante, desde el año 2019, las organizaciones comunitarias y el movimiento social han venido solicitando y denunciando la falta de un diálogo abierto entre la población y el Estado, para discutir políticas y demandas de interés del país.
“Preocupa realmente que haya esta figura (Comisionado de DDHH), sin que sea ese enlace -que dice ser-, o que se hagan consultas con las distintas víctimas de organizaciones o que apele pedir la reparación a las personas afectadas por pandillas. Al parecer es excluyente, así como con los miles de detenidos siendo inocentes”, expresó.
“Queremos hacer énfasis que no solamente es importante tener una ley, como la adoptada para personas discapacitadas y adultos mayores, también hacer esfuerzos concretos para proteger a las distintas poblaciones y con leyes estándar internacionales. Tenemos a la PDDH, una figura que como sabemos no está actuando de manera eficaz según su mandato constitucional”, manifestó Santos.
Población ante la violencia pandilleril y del Estado
La directora del IDHUCA, en el resumen de la jornada del Estado salvadoreño ante el EPU, en cuanto al tema de seguridad, dijo que no se ha tratado con diligencia y a profundidad, dado que el discurso que mantiene el comisionado Guzmán no habla de las víctimas de las pandillas e invisibiliza que el “Estado actualmente está cometiendo violaciones a derechos humanos”, pese al discurso oficial que reitera el interés por la población.
Guzmán Caballero, al referirse a las cifras del Plan Control Territorial, dijo que en el 2015 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 106.03 personas por cada 100 mil habitantes. Y hubo más de 6 mil homicidios, en contraste al año 2024, que lo cerraron con 1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, ponderó que en 2024 lograron disminuir el 44.53% de todos los tipos de delitos comparados con el año 2023. Y que el porcentaje de impunidad se redujo al 1.8%, siendo el más bajo en la historia de El Salvador.
“La Seguridad es el eje transversal en todo al volvernos un país seguro, los demás temas comenzaron a mejorar salud, infraestructura, turismo, exportaciones, educación, entre otros”, afirmó Guzmán.
No obstante, ha sido denunciado por gremiales del personal de salud y el magisterio los recortes presupuestarios del MINSAL ($90.8 millones) y MINED ($163.8 millones), para este 2025, que afectarían con menores insumos para trabajar y despidos por ahorro en plazas de trabajo.
“Queremos que vean más allá del discurso del funcionario porque no hay interés en reparar a las víctimas de la violencia, es todo lo contrario. Y nos preocupa toda esta tergiversación que se hace al exigir en materia de respeto a derechos humanos para que el Estado trabaje en reparar todas estas víctimas”, indicó Santos.
“Queremos que se garantice la seguridad, pero también se repare a las personas víctimas de las pandillas y que también se garantice el debido proceso, los derechos humanos, el principio de igualdad de las personas detenidas arbitrariamente en el marco del régimen de excepción”, agregó.
En cuanto a las recomendaciones que dieron los países que participaron en el EPU, que será publicado íntegramente el próximo 7 de febrero. Los encargados presentarán el informe a Brasil, Chequia e Indonesia, y estos lo entregarán ante el Consejo de la ONU, para su distribución mundial.
Países como Italia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos y México, entre otros, recomendaron al Estado de El Salvador levantar la “ley de emergencia” (Estado de Excepción), garantizar la libertad de expresión y el trabajo del gremio periodístico, así como, garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y cumplir son sus derechos sexuales y reproductivos, entre otras sugerencias.
ªNo han reconocido ni siquiera las muertes bajo custodia del Estado, las torturas, los tratos crueles e inhumanos, las malas condiciones de salud y de alimentación. Y eso es algo que preocupa, porque mueve la narrativa y hace pensar que las organizaciones de derechos humanos y víctimas que exigen un trato justo y un debido proceso lo que hacen es invisibilizarlas”, consideró.
“Hay personas que han sido víctimas de pandillas y ahora son víctimas del Estado, y sí, nos preocupa la forma en que aborda el Estado la problemática con una retórica en donde su máximo interés es quedar bien ante un organismo con un -discurso propagandístico-, y no interesarse en el cumplimiento de sus obligaciones “, concluyó Santos.
