Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
Las constituciones de los países necesitan reformarse cada cierto tiempo, para adecuarse a las nuevas realidades y para incorporar los avances democráticos que el desarrollo de la civilidad, el humanismo, la ciencia y la tecnología van generando en forma progresiva.
En este sentido, se proponen -desde la izquierda y los movimientos sociales- reformas orientadas a la ampliación del espacio cívico, mecanismos de participación ciudadana directa, modelos económicos más incluyentes y el reconocimiento de nuevos derechos (de minorías étnicas, de la diversidad sexual y de la naturaleza).
Sin embargo, la reforma que el oficialismo se apresta a realizar en El Salvador va en sentido contrario. La reforma que será presentada en los próximos días o semanas en la Asamblea Legislativa -para su aprobación exprés- es una contrarreforma, cuyo objetivo es la institucionalización de la regresión democrática y la adecuación del marco constitucional al régimen dictatorial de Nayib Bukele y sus hermanos.
La reforma no tiene nada que ver con el reconocimiento del derecho humano al agua y a la alimentación, la prohibición de la minería metálica, la despenalización del aborto, la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos, la inclusión de las demandas de la comunidad LGTBIQ+ o el establecimiento del plebiscito y el referendo.
Probablemente la contrarreforma incluirá la eliminación de la prohibición de la reelección presidencial continua, el otorgamiento de más poderes a la presidencia de la república, la legalización del militarismo, la incorporación de disposiciones del régimen de excepción, la anulación de la autonomía de la Universidad de El Salvador y cambios significativos en la manera de elegir a funcionarios de segundo grado y de integrar el Tribunal Supremo Electoral.
En el ámbito electoral, algunos analistas también advierten sobre la posible ampliación del período de los diputados y alcaldes para evitar los comicios intermedios de 2027, en los que Bukele no será candidato y -por tanto- no podrá apuntalar a sus diputados, quienes enfrentarán el descontento popular provocado por la crisis económica que será más agobiante que ahora.
Y en lo económico se prevé la incorporación de las criptomonedas, la legalización de mecanismos de creación de empresas privadas con fondos públicos y otras medidas que el clan Bukele necesita para acumular más riqueza y consumar sus delirios oligárquicos.
La reforma será aprobada por la legislatura saliente y ratificada por la nueva gestión parlamentaria. Es posible que Nuevas Ideas la ratifique el 1o de mayo, para reeditar la gesta antidemocrática de hace tres años cuando destituyó ilegalmente al fiscal general y los magistrados de la Sala Constitucional que autorizaron la reelección inconstitucional de Bukele.
Si las elecciones del 4 de febrero marcaron el fin de la incipiente democracia del país y el inicio de una nueva fase autoritaria, la reforma constitucional del bukelismo será la institucionalización de la dictadura.
El régimen autoritario se instala con el aval de la mayoría de los que fueron a votar, la indiferencia del resto de la población, la pasividad de la sociedad civil organizada y el silencio de gremiales como ANEP, ASDER, FUSADES y otras que antes ponían el grito en cielo y se rasgaban las vestiduras por la democracia.
La consolidación dictatorial, incluso, se da con la venia de falsos profetas, entre éstos los pastores evangélicos que aparecieron hace algunas semanas con el vicepresidente Félix Ulloa y Arzobispo de San Salvador que guarda un silencio cómplice.
Sin duda, El Salvador vive uno de los momentos más oscuros de su historia.
*Periodista y activista social.
