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La Policía Nacional Civil (PNC) instaló -desde la madrugada del jueves- diferentes controles vehiculares en las principales calles del país para verificar que las personas cumplan con la cuarentena especial y disminuir la propagación del COVID-19; sin embargo, esta medida ocasionó un congestionamiento pese a la suspensión del transporte público. Uno de ellos fue en la carretera Panamericana, entrada a Santa Tecla, donde el tráfico fue casi de seis kilómetros. Otro congestionamiento se dio en la carretera Troncal del Norte, la innumerable fila de vehículos esperaron pasar por el retén para que la PNC constara la documentación de estar autorizado a circular, ya que entre las medidas está restringir el paso de un municipio a otro. La misma acción fue implementada en el bulevar del Ejército donde las personas demostraron que se dirigían a comprar alimentos de acuerdo al último dígito de su DUI, o a laborar, para lo cual es necesario el carné y una carta de la empresa.
El Gobierno anunció que el transporte público no circulará durante los próximos quince días, los pocos empleadores autorizados para funcionar deberán proveer el transporte a sus trabajadores, ida y regreso, lo cual incluye a las instituciones gubernamentales. El único que continuará prestando servicio es el transporte privado de personal.
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que la Mesa Nacional de Transporte acordó poner a disposición el 10 % de los buses y microbuses para desplazar gratis al personal de salud y del Ministerio de Obras Públicas (MOP) hasta sus lugares de trabajo, quienes únicamente tuvieron que presentar su identificación; sin embargo, algunas enfermeras debieron caminar hasta hospitales y unidades de salud porque el transporte no pasó por los lugares donde habitualmente esperan.
El personal que no pudo trasladarse a su puesto de trabajo por la distancia, luego de esperar hasta tres horas tuvieron que regresar a sus casas.
El MOP enfatizó que para garantizar la movilidad de personal de salud y pacientes crónicos, las unidades del transporte trabajarán únicamente con el 10 % de su capacidad haciendo los mismos recorridos en dos diferentes horarios: de 5:00 a 9:00 AM y de 4:00 a 8:30 PM; para hacer uso de este servicio gratuito el personal del sistema de salud deberá mostrar su identificación y los pacientes presentarán la documentación hospitalaria de sus citas programadas, sin importar si la consulta es con la red pública o con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Denuncias
En las primeras veinticuatro horas, tras la decisión del presidente Nayib Bukele de suspender el transporte colectivo en el país, los más afectados directamente fueron muchos usuarios que buscaron trasladarse a sus lugares de trabajo, a sus consultas médicas, a sus lugares de trabajo, incluido personal de salud, o simplemente para vender sus productos y así generar ingresos.
Las redes sociales como Facebook y Twitter y otros, lucieron activas con fotografías y opiniones encontradas sobre las decisiones tomadas de forma inesperada desde el Ejecutivo.
En algunas cuentas hasta dio paso a confrontaciones sobre la realidad nacional, que está marcada por la pobreza en que viven amplios sectores de la población, en medio de la crisis por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), y que apuntan a ser los decisivos en los próximos quince días.
El caso de Rosario Ayala fue emblemático, como paciente de oncología, tuvo que caminar 1 hora y 30 minutos, para desplazarse del antiguo Barrio Modelo, hasta la Unidad de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), conocido como MQ, situación que se visualizó desde el (miércoles 6 de mayo), en que varias organizaciones que atienden a personas con insuficiencia renal y cáncer, de escasos recursos quedarían sin el beneficio del transporte especial, pese a que se aclaró desde Casa Presidencial que serían “prioridad”, junto al personal de salud, pero no todos obtuvieron este beneficio.
El número telefónico 132, que fue habilitado para atender las demandas ciudadanas, fueron desvirtuadas por usuarios y usuarias, que llamaron y no fueron atendidos o les dieron otro número que igual no respondieron a las necesidades que esperaba la población.
Otra de los testimonios que recorrieron en segundos muchos “muros virtuales” en Facebook, fue el de tres mujeres rurales que pretendían vender sus flores de izote y naranjas a usuarias o usuarios del Mercado Central de San Salvador, para obtener algunos dólares para comprar alimentos a sus familias, pero fueron obligadas a regresar a sus hogares por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que optaron vender en ese lugar.
Otra queja recurrente fue de la población que reside en el municipio de Cuscatancingo, que alegan no contar con supermercados o farmacias, y ante la restricción de no poder cruzar hacia otros municipios, reiteraron su preocupación.
Empresarios también denunciaron que los empleados han sido amenazados por elementos de la Policía Nacional Civil y militares, en los controles de tránsito hacia sus trabajos.
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