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Redacción Nacionales
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Durante su visita a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, propuso a los diputados del oficialismo que investigaran los sucesos que marcaron el decreto legislativo 127 del 26 de septiembre de 2018, que dejó sin efectos jurídicos los procesos de fiscalización de 2014 y 2015.
El argumento de Zelaya fue que se borraron de una sola vez, cerca de $280 millones en auditoría, “$280 millones que estaba siguiendo la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda”, comentó.
En el decreto como tal se estableció que se dejaría sin efecto los procesos tributarios de los impuestos que las direcciones generales de Impuestos Internos y Aduanas administraban.
Según se acordó en el decreto 127, aquellas fiscalizaciones, audiencias, aperturas a pruebas, imposiciones de multas, entre otros relacionados que estaban en trámite, fueran suspendidas.
Sin embargo, el referido decreto tomó como base la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2018 hacia las reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y el Código Tributario, así como a la aprobación de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras.
“Hasta donde yo recuerdo, ese decreto le daba cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional qué ordenó la suspensión de los procesos tributarios que se hubiesen hecho al margen de la ley”, comentó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.
Según dijo Cuadra, en otro decreto se violentaba los derechos de los contribuyentes, y la Sala la declaró inconstitucional, “esa es la razón por la cual se suspendieron muchos procesos tributarios”, argumentó.
¿Por qué la Sala decía que se violentaba los derechos de los contribuyentes y ordenó suspender los procesos tributarios?
En la sentencia decía que no se había respetado el debido proceso legal de los contribuyentes, en algunos casos no se habían mandando a escuchar, en algunos otros casos se les había denegado la apertura a pruebas, la aportación de pruebas en el proceso tributario, respondió el diputado René Portillo Cuadra.
“La Asamblea Legislativa lo que hizo fue darle cumplimiento a un fallo de la Sala de lo Constitucional”, agregó Portillo Cuadra.
También dijo que quien tomó la decisión de suspender el examen tributario de algunos contribuyentes fue directamente el Ministerio de Hacienda, “tanto es así que en el artículo 1 de ese decreto establece que el Ministerio de Hacienda no va a tener responsabilidad por la omisión de expedientes tributarios de esos dos años (2014 y 2015)”, expuso.
Ante esto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que, como tal, no se ha recibido ninguna propuesta formalmente. Sin embargo, dijo que dicho decreto lo que hacía es “proteger a estas empresas (supuestas evasoras) y los dejaban afuera de la investigación” que realizaba la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.
Comentó que los anteriores diputados lo que hicieron “fue crear un blindaje para los grandes evasores”.
Siguió opinando que los anteriores legisladores se coordinaron con la Sala de lo Constitucional de esa época para permitir la evasión. “Así trabajaban, de manera coordinada porque ese era el balance de poderes que tenían”, criticó.
El diputado Numan Salgado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) dijo que ese decreto, se creó en la administración donde la Asamblea era gobernada por el FMLN y ARENA “en la que permitían que muchos procesos que estaban siendo investigados por evasión de impuestos estos claudicaran y no tuvieran el efecto jurídico para poder recuperar la evasión fiscal que se estaba haciendo por los malos empresarios en ese momento. Lo que ha pedido el ministro (Zelaya) es una revisión de ese decreto”, concluyó Salgado.
