Bogotá / AFP
Sindicatos, indígenas y universitarios en Colombia, apoyados por fuerzas de oposición, convocaron a una gran huelga el 21 de noviembre en protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque, que luce debilitado tras un año y medio en el poder.
Durante una rueda de prensa en Bogotá, las principales centrales obreras, incluido el magisterio, invitaron a rechazar las que consideran políticas «neoliberales» de Duque, y a marchar en defensa de la «vida y la paz», frente al rebrote de violencia en el país tras el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla comunista.
«Mantenemos la decisión de realizar el 21 de noviembre el paro que acordamos desde el pasado 4 de octubre y realizaremos movilizaciones en todo el país», dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Las organizaciones están formando un solo frente de protesta contra el gobierno al que se han sumado indígenas, estudiantes, sectores de oposición y artistas.
Desde su llegada al poder en agosto de 2018, Duque ha enfrentado el descontento paulatino en las calles por sus propuestas económicas, la política de seguridad enfocada en el combate al narcotráfico y los cultivos ilegales, además de su intento de modificar el pacto que llevó al desarme a la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Con la popularidad en rojo, el mandatario deberá afrontar una nueva protesta en medio de la convulsión social que, sin denominador común, ha sacudido al continente desde Ecuador hasta Chile, pasando por Bolivia.
«Continuaremos en todo el país la organización de esta gran movilización y de este gran paro nacional (…) para protestar por los intentos, los propósitos que hay de empobrecer aún más a la población colombiana», insistió Miguel Morales, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, uno de los sindicatos más importantes después de la CUT.
El mandatario, que ha denunciado una campaña de desinformación para desatar la ira entre los colombianos, se anticipó este miércoles a rechazar cualquier violencia durante la huelga.
«Somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia o a la transgresión de la ley», dijo Duque en un evento público.
Los movimientos de protesta hicieron énfasis en su repudio a la violencia contra los líderes sindicales y sociales, que dejó 486 muertos entre el 1° de enero de 2016 y el 17 de mayo de 2019, según la Defensoría del Pueblo.
También la FARC, el partido surgido del acuerdo de paz, anunció su respaldo a la huelga en rechazo al asesinato de poco más de 170 excombatientes que firmaron el pacto.