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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Habitantes de la Cooperativa Monseñor Romero pidieron a la titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, su intervención para hacer prevalecer la justicia, ya que la empresa Athos S.A les exige entregar las tierras, pese a que la propiedad desde 1947 ha estado en abandono.
Mario Chávez, representante de la Corporación de Comunidades por la Cooperación y la Solidaridad (CORDECOM), explicó que la sociedad anónima de capital variable Athos S.A representada por Ana Cristina Lazo de Holmar, se presentó en febrero de 2023 pidiendo la entrega de la propiedad.
La Cooperativa Monseñor Romero solicitó las escrituras, donde hicieran constar que dicha empresa es la dueña, al no tener como comprobar Athos presentó en el Juzgado Segundo de Paz de Ciudad Arce una demanda por supuesta usurpación de tierra. Durante el proceso, la jueza hizo dos visitas de campo a la propiedad y exigió a la empresa presentar las escrituras.
“Desde 2010 la cooperativa tiene en dominio, quieta, pacífica e interrumpida, la propiedad que desde el año 1947 ha estado en abandono. En 1980, cuando Napoleón Duarte fue presidente, la pasó a manos del Instituto de Transformación Agraria (ISTA), además, se ha sacado la ficha catastral donde costa que no hay dueño alguno”, indicó Chávez.
Asimismo, dijo que Athos no pudo comprobar ser la dueña, sin embargo, en abril de 2023 sorpresivamente presentó una ficha catastral donde señala que la propiedad les pertenece, y en el mes septiembre enseñaron una escritura dada por la Concepción Murillo, inscrita en el departamento de Registro de Propiedad Raíz e Hipoteca, cometiendo el delito de fraude registral.
“A pesar de que la jueza comprobó con sus propios ojos que ellos en ninguna de las dos visitas de campo, presentaron pruebas de no ser los verdaderos dueños, le dio el visto bueno a la escritura presentada por Athos y decreta desalojo de la cooperativa Monseñor Romero, a saber cuánto dinero le dio la empresa a la jueza para favorecer a Athos”, manifestó.
El representante de CORDECOM sostuvo que son 33 familias las afectadas con el desalojo, quienes no están de acuerdo con la resolución porque la jueza no valoró los argumentos ni las pruebas presentadas.
La Cooperativa Monseñor Romero pidió se averigüe la procedencia de la escritura que repentinamente fue presentada por Athos, así como investigar a la jueza de Paz por violentar los artículos 3, 11 y 12 de la Constitución de la República; también, solicitan se anule la resolución por carecer de derecho y legalidad.
