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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Creo que ya se llegó el tiempo de justicia para los pobres”, expresó Isaías Blanco, representante de la Cooperativa Normandía, de Jiquilisco, Usulután, al referirse al retraso de los procesos legales, que sin justificación llevan siete años dentro del sistema judicial salvadoreño, sin ninguna respuesta a su derecho a la tierra.
“Creo que el objetivo de esta gente es desgastarnos económicamente, por ahora, no somos sujetos de créditos, porque el banco ha congelado nuestras cuentas y automáticamente nos roban 314,000.00 dólares. Y nos hemos dado cuenta que el juez de Jiquilisco está totalmente parcializado a favor, de la contraparte”, dijo Blanco.
La tenencia de la tierra en El Salvador ha estado marcada por intereses políticos y económicos. En marzo de 1980, la Junta Revolucionaria de Gobierno anunció la implementación de una nueva Ley de Reforma Agraria, a fin de superar los intentos de mediados de la década de los años setenta.
La ley fue decretada el 6 de marzo de 1980, y tenía la pretensión de elevar el desarrollo económico y social de la población rural. No obstante, generó mucha inconformidad y violencia, como el asesinato del presidente del ISTA, Rodolfo Viera, y dos ciudadanos estadounidenses el 3 de enero de 1981
La Cooperativa Normandía fue constituida en el año de 1980, a raíz de la Reforma Agraria, quienes compraron las tierras al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). Sin embargo, en 1997, el alcalde Fredy Mancía (PDC) emitió 3 títulos de “propiedad supletorios”, documentos que solo pueden ser extendidos por la autoridad judicial y no municipal.
Asimismo, un título de propiedad supletorio, en el marco jurídico, no concede propiedad sobre un bien, sino que, solo es un registro, cuando un propietario por motivos de fuerza mayor, no cuentan con un título ordinario.
“La ley es clara, el alcalde no tiene la facultad legal para emitir títulos de propiedad de predio rústico, -es por esto- que son falsos, pero les fueron dando vida a esos documentos, dándoles vida jurídica hasta convertirlos en escritura pública. Y para el año 2009, como cooperativa recibimos una demanda de un juicio civil reivindicatorio, en donde el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, obviando todo los documentos que tenemos en regla, que afirma que la tierra siempre ha sido nuestra y será nuestra. Falló en contra de nosotros y a favor, de estas dos personas”, expuso Blanco.
Ante esa situación y un proceso judicial parcializado, la Cooperativa Normandía interpuso en febrero del año 2014 una demanda de nulidad de los títulos de propiedad supletorios, porque afirman fueron emitidos de manera fraudulenta por el edil de esa época, pese a contar con una escritura pública, entregada por el ISTA, y amparada por el decreto #153, del 5 de marzo de 1980.
Blanco señaló que han tenido pláticas con el ISTA, porque también sería afectado, porque en esa propiedad se encuentra el bosque que tiene registro del Estado, como Área Natural Protegida (ANP). Las que se consideran zonas de protección con el propósito de conservar la biodiversidad y ecosistemas, desde un manejo sostenible y restaurativo.
Posteriormente, en el año 2009, la cooperativa recibió además una demanda de un juicio civil reivindicativo por el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco, que según, comentó Blanco, pese a los documentos y títulos de propiedad presentados por la Cooperativa Normandía, que acredita la tenencia de esas tierras, el juez falló a favor de las personas con títulos fraudulentos.
“Lo grave es que en el año 2014 fuimos condenados a pagar 314,000 dólares a Elba Josefina Peña viuda de Flores, que se supone es dueña de la propiedad, cuando el único dueño es la Cooperativa Normandía. Los otros que afirman ser propietarios es la sociedad de textiles Giulianna, representada legalmente por Roberto Bukele Simán y Pedro Regalado Cuéllar”, manifestó.
Para los cooperativistas existe un manejo irregular del proceso judicial, porque hasta este mes de diciembre de 2020 aún no se ha realizado la audiencia preparatoria en el juzgado. Cumpliendo siete años en este proceso judicial.
“El juez de Primera Instancia sigue dándole largas a este proceso, y pedimos como Cooperativa Normandía a la Corte Suprema de Justicia una auditoría de este proceso de nulidad de títulos y acelere también, una demanda de inconstitucionalidad que ya va sobre tres años y que hasta el momento no han resuelto lo argumentado. Han afectado a 700 familias que vivimos del trabajo que realizamos como productores agrícolas, producimos maíz, caña de azúcar, plátano y cría de ganado. Y desde el año 2011, somos proveedores del Gobierno para los paquetes agrícolas, tenemos un gran impacto en generar empleos en la zona”, agregó.
Mientras, el presidente del CESTA, Ricardo Navarro consideró que el manejo arbitrario del marco jurídico del país, una vez más golpea a las personas con menos influencia económica y contra el medio ambiente, por ser una Área Natural Protegida, que vendría a destruir los recursos boscosos de la zona y el agua, porque los tres títulos fraudulentos de esos terrenos corresponden a la zona de recarga acuífera del lugar. “Este caso de la Cooperativa Normandía es bastante similar al caso el Valle El Ángel, pasan sobre el derecho humano al agua, sin importarles nada la población que afectan. Es el peso del dinero, es la corrupción y la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto. En El Salvador la violencia a los derechos de las personas, viene desde muy arriba, la presidencia, y todos lo reproducen hasta los jueces y necesitamos que prevalezca la justicia y derechos de la población”, puntualizó.
