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TeleSUR
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó este jueves un informe sobre diversas vulneraciones que se han registrado en el marco de las protestas contra el Gobierno de Perú que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad.
El informe fue nombrado “50 días de represión en Perú: vulneraciones de derechos humanos durante movilizaciones”.En declaraciones a la prensa, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Jennie Dador, y la responsable de la Unidad de Defensores del ente, Mar Pérez, indicaron que los actuales niveles de represión no se han vivido “en la historia de la democracia del Perú”.
“La respuesta del Estado peruano frente a las movilizaciones, ha sido de una brutalidad sin precedentes en la historia de la democracia en el país, en el presente siglo. Masacres perpetradas en tres ciudades, junto con ejecuciones extrajudiciales más acotadas en otros lugares”, precisa el documento.
De acuerdo con el informe, entre las principales vulneraciones identificadas está el uso arbitrario de la fuerza, “resultando en 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos”.
“El uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal inclusive calibre 00 , canicas de vidrio y balas. Especial preocupación genera el uso de fusiles automáticos, incluyendo fusiles AKM en el caso de la PNP (Policía Nacional del Perú) y fusiles GALIL en el caso de ejército”, refiere.
Otro hecho registrado es el uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de los manifestantes, vulnerando el procedimiento reglamentario; también el uso indiscriminado de la fuerza que afecta no solo a quienes protestan de forma pacífica, sino a las personas que son transeúntes, prestan ayuda médica o periodista presentes.
La CNDDHH advirtió sobre torturas, tratos inhumanos y degradantes por parte de la PNP; violencia sexual, ya que se documentó un caso de agresión sexual múltiple “al interior de una dependencia policial contra una ciudadana detenida en el contexto de las protestas”; la militarización, estados de emergencia y allanamientos sin fiscal.
El informe incluye la infiltración de las movilizaciones con efectivos encubiertos que instigan a los manifestantes y detenciones arbitrarias; así como “sembrado de pruebas incriminatorias, según pudo documentar la propia Fiscalía, en Pichanaki (Chanchamayo, Junín)”.
“Violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos que no se encuentran cometiendo delito alguno, únicamente por su participación en las movilizaciones”, acotan en otro punto.
Posteriormente, en declaraciones para teleSUR, Pérez reiteró que “nos encontramos en un escenario de represión que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente en el Perú”.
“Hablamos en estos momentos ya de 46 ejecuciones extrajudiciales, la mayor parte de las cuales se causaron con armas de guerra, es decir, ametralladoras es lo que está llevando la policía y el ejército para controlar a los manifestantes. Siete de los fallecidos además eran menores de edad”, acotó Pérez.
Igualmente, expresó la preocupación que tienen “por la escalada en la persecución judicial a los manifestantes, inclusive en estos momentos se está usando la figura de terrorismo para quienes participan en la protesta, lo que permite sancionarles hasta con 20 años de prisión”.
Las protestas se han registrado en Perú desde el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo y juramentó en el cargo a Dina Boluarte.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales, una Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo. Hasta el momento, la fuerte represión de las fuerzas de seguridad han dejado más de 60 muertos y cientos de heridos.
