Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Tomado de Carta Económica
www.cartaeconomica.com
Las deficiencias y precariedad en el actual Sistema de Salud Pública en El Salvador es producto de incontables hechos de corrupción que se dieron en esta área durante los gobiernos neoliberales de ARENA, cialis además de los sismos que destruyeron parte importante de la infraestructura de salud, con el agravante que los financiamientos obtenidos para atender estos años sufrieron hechos profundos de corrupción como analizaremos en este artículo.
Algunos de estos casos de corrupción en el rubro de salud son: el entierro de medicamentos, que al parecer se dieron cuando Ana Vilma de Escobar era Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para generar escasez en el Instituto y que la población comprara medicamentos a las empresas farmacéuticas, muchas de ellas propiedad del expresidente Alfredo Cristiani, según denuncias tanto de personas como de instituciones del Estado. En 2009 se encontraron dichos medicamentos vencidos, cuyo valor ascendía a $17 millones. Un año después fue desenterrado otro lote de 300 toneladas de medicinas caducadas en un terreno que pertenece al Ministerio de Salud con fechas que datan desde el año 1992. Como podemos ver esta fue una práctica en los gobiernos de ARENA para obligar a la población a comprar en las farmacias y así incrementar sus ganancias.
Otro caso fue la adjudicación ilegal de medicamentos por parte del exdirector del ISSS Mariano Pinto, quien adjudicó de manera irregular una licitación de medicamentos por $1.4 millones.
También hay que recordar que en 2013 el expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, hizo público unos informes de auditoría que revelaban ciertas anomalías en el manejo de fondos del ISSS durante el periodo que Ana Vilma de Escobar fungió como directora de dicho Instituto (1999-2001). Asimismo, agregó una auditoría correspondiente a otro período: el de 1989 a 1994, cuando el director del ISSS era Romeo Majano Araujo, a quien le señalaron un hallazgo por 1.2 millones de dólares . Cabe señalar que debido a la prescripción del delito estas personas involucradas en dicha corrupción no han, ni enfrentarán la justicia.
Podríamos seguir enumerando más casos de corrupción, pero creemos que los mencionados anteriormente sin duda son relevantes, no obstante consideramos que la corrupción de los fondos del Proyecto de Reconstrucción de Hospitales por Emergencias de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA), es la más relevante por los montos de corrupción denunciados por el mismo Ministerio de Salud durante la administración de la Dra. María Isabel Rodríguez, quien nos proporcionó parte de la información que utilizamos en el presente artículo y detallamos a continuación.
En el año 2001, El Salvador se vio afectado por dos terremotos que causaron cuantiosas pérdidas humanas y graves daños en la infraestructura de las diversas instituciones estatales; así, el sistema de salud no estuvo exento de sufrir secuelas por dichos fenómenos naturales. Según información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 23 hospitales sufrieron daños, por lo cual 7 de éstos fueron seleccionados para incluirse en el Proyecto de Reconstrucción de Hospitales por Emergencias de los Terremotos y Extensión de Servicios de Salud (RHESSA).
En 2002 se realizó la suscripción del convenio de préstamo por $169.4 millones de dólares. De los cuales $142.6 millones con el BIRF y $26.8 millones del GOES. Dicho préstamo fue aprobado en junio del 2003.
El proyecto en un inicio se dividió en cuatro componentes que incluía la reconstrucción/construcción de 7 hospitales, la extensión de cobertura de servicios de salud en la zona norte y paracentral del país, el fortalecimiento institucional del ministerio y el costo operativo del programa.
Entre los hospitales a reconstruir/construir se encontraban: Hospital de Cojutepeque de Cuscatlán, San Rafael de Santa Tecla, Santa Gertrudis de San Vicente, Santa Teresa de Zacatecoluca, San Pedro de Usulután, San Juan de Dios de San Miguel y el hospital de Maternidad de San Salvador el cual no se llevó a cabo.
El marco legal que permitió las modificaciones al contrato y las transferencias entre componentes se sustentó en el Convenio de Préstamo BIRF 7084-ES: “Reconstrucción de Hospitales por Emergencia de los Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud” en las Condiciones Generales aplicables a los Convenios de Préstamo y de Garantía para Préstamos con margen fijo emitidas por el Banco Mundial en fecha 1 de septiembre de 1999. (Regula las aprobaciones de las enmiendas al Anexo 1-Desembolsos del Convenio de Préstamo BIRF 7084-ES).
El desfinanciamiento de los hospitales en USD $43.9 millones fue suplido en parte con fondos destinados al Hospital de Maternidad y fondos de los otros componente del préstamo. Así: $28.5 millones del Hospital de Maternidad y $15.4 millones de los componentes II, III y IV del proyecto RHESSA.
Durante todo el período de ejecución del proyecto existieron cuatro modificaciones con el fin de reasignar fondos entre categorías de inversión, todas las cuales fueron aprobadas por el BIRF.
•Septiembre de 2003. Modificada por A.L., aprobada por BIRF, reforzar los montos de 4 hospitales y extensión de cobertura.
•Marzo 2006. Solicitada por MH y aprobada por BIRF, atender necesidades de extensión de cobertura y adquisición de equipo médico.
•Febrero 2008. Solicitada por MH y aprobada por BIRF, para reforzar la categoría de obras y consultorías.
•Octubre de 2009. Solicitada por MH y aprobada por BIRF.
Durante la ejecución del proyecto existieron diversas irregularidades referentes al pago realizado y el avance en la obra, es decir que el desarrollo de cada obra no correspondía al pago realizado. Por ejemplo, en el hospital de San Vicente se reportaba que se pagó un monto de $12.4 millones por un porcentaje de ejecución de 87.6% y se encontró que el avance real de la obra era de 53% lo que equivalía a US$ 7.5 millones; el hospital de Zacatecoluca reportaba un porcentaje de ejecución del 73.2% por un monto de US$ 8.9 millones, y el avance real era de 47.58% lo que suponía un costo de $4.9 millones y el otro hospital que presentó estas irregularidades fue el de Usulután que indicaba un 78.3% de ejecución, esto equivalía a $ 9.5 millones y la obra solo reportaba en la realidad un avance del 57% que representaba el monto de $5.9 millones. Dichas irregularidades le costaron al proyecto $12.5 millones.
Durante la ejecución del proyecto se encontraron un sinfín de irregularidades lo que demuestra que dicho proyecto estuvo viciado de anomalías desde sus inicios y que marcó un camino plagado de anomalías algunos de los cuales son:
•Todos los arbitrajes tenían como base el mismo esquema de reclamación.
•En todos los casos de construcciones inconclusas los estimados de obras ejecutadas no coincidieron con la obra real, lo cual fue avalado por la empresa supervisora.
•Autorización por parte del Ministro de Salud anterior para que las bodegas de las empresas constructoras y subcontratistas fueran declaradas sitio de obra, posibilitando el pago anticipado para la compra de equipo aun cuando los hospitales no estuvieran en condición de que este equipo se instalara. Adicionalmente se posibilitó el cambio de la forma de pago indicada en el contrato. (adelantando un 30% del valor).
•Exclusión del fiscal General como representante del Estado y asignación arbitraria de esta responsabilidad al asesor legal del proyecto RHESSA.
El monto total de irregularidades en el caso RHESSA asciende alrededor de US$ 51.1 millones, siendo el costo social por no contar con el nuevo Hospital de Maternidad el que mayor impacto ha tenido con un monto de US$ 22 millones, el pago de obras que no se ejecutaron trajo el costo de US$ 12.5 millones, y aunado a este problema de pagos realizados de obras no ejecutadas le sumamos el costo oneroso a la empresa encargada de la supervisión de obras cuyos contratos finalizaron antes de concluidas las obras, que hicieron incurrir a costos adicionales a los US$ 9.5 millones que se le pagaron a esta empresa; y otra de las irregularidades que mayor costo le trajeron al proyecto fue el pago de procesos de arbitraje perdidos en los hospitales de San Rafael y Cojutepeque que asciende a US$ 6.5 millones, en el cuadro siguiente se presentan las demás irregularidades.
Por este caso, en mayo de 2013, el exministro de la última administración del gobierno de ARENA, Guillermo Maza fue sobreseído de los delitos de negociaciones ilícitas y actos arbitrarios por el Tribunal Segundo de Instrucción de San Salvador.
Había sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de corrupción en el proyecto (RHESSA), en donde supuestamente estafó al Estado, junto a otros imputados, por $3.2 millones al cobrar obras no realizadas durante la construcción del Hospital Santa Teresa, en Zacatecoluca.
Posteriormente, en septiembre de 2014 fue encontrado culpable de haber autorizado el pago de sobreprecios durante la reconstrucción de dicho nosocomio. Fue condenado por actos arbitrarios, pero la condena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. En enero de 2015 fue exonerado de responsabilidad civil en ese caso.
En septiembre del año anterior el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decretó sobreseimiento provisional contra el exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela, y 16 imputados más por el delito de negociaciones ilícitas, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada y falsedad ideológica.
A lo largo de los años hemos podido ver como la impunidad ha sido la principal protagonista de los hechos de corrupción y con ello se han perdido millones de dólares que pudieron invertirse en salud, educación o seguridad.
Toda la corrupción anterior ha dejado un sistema precario de salud al pueblo salvadoreño, situación que el actual gobierno del FMLN está haciendo esfuerzos por mejorar, ya que la salud del pueblo salvadoreño no fue prioridad durante los gobiernos de ARENA.
Hay que recordar que ARENA fomentó el modelo de mercado de la salud, mediante el pago de cuota “voluntaria” lo que alejó los servicios de salud a la población más pobre. Aunado a la cuota “voluntaria”, los costos de los medicamentos eran sumamente elevados y casi imposible de acceder a ellos ya que los hospitales y unidades de salud carecían de éstos, por tanto, la población debía adquirirlos en las diversas farmacias (en caso de que pudiera comprarlos).
Con la eliminación de la cuota “voluntaria”, y la descentralización de las unidades de salud, a través de equipo móvil, impulsado por el gobierno del FMLN se ha logrado acercar los servicios de salud a un mayor número de personas que antes estaban excluidas de ésta.
En 2009 cuando el FMLN llegó al ejecutivo se encontró con una situación lamentable en las diversas unidades de salud y hospitales, es así que el número de camas por 1000 habitantes era de 0.7, ahora es de 1.9, si bien es cierto que esto es un avance, aún queda mucho por hacer.
Otro indicador que demuestra mejoría son las Unidades de salud, ya que en la época de ARENA sólo habían 377; ahora existen 747 Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) con lo que se duplicó la demanda en el primer nivel de atención. Además, durante los 20 años de ARENA habían equipos móviles rurales con visita una vez al mes con paquete Materno Infantil con servicios limitados. Ahora se tienen 517 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) familiares y especializados en 184 municipios entre ellos los 100 municipios más pobres del país.
Durante los gobiernos de ARENA no se invirtió en Infraestructura, permitiendo el deterioro de unidades de salud y hospitales; igualmente se deterioró el equipo médico convirtiéndose en obsoleto. Debemos recordar el equipo de Tomografía para el hospital Rosales que fue donado y que por falta de un tornillo no pudo entrar en funciones, remitiendo a los pacientes a la clínica privada de radiología del ex ministro Guillermo Maza, acusado de malversación de fondos RHESSA que debían utilizarse en la construcción de siete hospitales, de los cuales sólo reconstruyeron dos, dicho exministro fue favorecido por la impunidad del Sistema Judicial del país.
Los avances que durante los últimos años se han notado en materia de salud son importantes y dejan en evidencia que se está trabajando por la población que más lo necesita a pesar de los recursos que siempre son limitados, no obstante se está logrando que cada año se incremente el presupuesto para el Ministerio de Salud. Es así que en 2009, el presupuesto para el rubro de salud fue de 399 millones, en 2016 es de 665 millones, 29 millones más que 2015, hay que destacar que ARENA no votó nunca por el Presupuesto General de la Nación. La gráfica siguiente muestra la evolución del Gasto Nacional en Salud para el periodo 2009-2014.
Como puede advertirse en la gráfica, cada año el gasto en salud se ha ido incrementado, lo cual ha contribuido a mejorar el sistema de salud pública en El Salvador, no obstante aún queda mucho por hacer en este rubro que es de vital importancia para el país y que sin duda podría estar mucho mejor si no se hubieran realizado los hechos de corrupción en el pasado como la malversación de los Fondos RHESSA, el entierro de medicamentos, problemas de licitación de medicamentos, entre otros.
