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Por Damian Wroclavsky
Brasilia/AFP
La Corte Suprema de Brasil autorizó el viernes investigar a 12 senadores y 22 diputados por el escándalo de corrupción en Petrobras, sovaldi entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición de gobierno.
En total, la resolución habilita a la fiscalía general a poner bajo la lupa a 49 personas (47 de ellas autoridades en funciones o que ejercieron cargos en el pasado), informó la procuraduría que realizará las pesquisas.
La lista de investigados incluye a Renán Calheiros, presidente del Senado y del Congreso, y a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, ambos del PMDB, un aliado clave del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
«La instauración de investigaciones fue considerada viable porque hay indicios de ilegalidad», dijo en un comunicado la Corte Suprema, citando al ministro que lleva la causa, Teori Zavascki.
El submundo de delitos que se enquistó en Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de la petrolera, en un aceitado mecanismo de sobornos para manipular licitaciones de la estatal, desvíos de fondos y lavado de dinero que movió unos 4.000 millones de dólares en la última década.
«Daré todas las explicaciones a la luz del día y prestaré las informaciones que la justicia desee. Mis relaciones con el poder público nunca sobrepasaron los límites institucionales», reaccionó Calheiros en un comunicado.
El PT se sumó al coro de descargos en la noche del viernes y en un comunicado aseguró que «todas las donaciones que recibe son legales» y que «se enorgullece de liderar gobiernos que combaten implacablemente la corrupción».
La bautizada «lista de Janot», en referencia al procurador general Rodrigo Janot, que presentó los pedidos a la Corte Suprema aprobados este viernes, causó zozobra e irritación en el Congreso y desató una tormenta política entre el gobierno y sus aliados.
El efecto sobre la imagen pública de los políticos salpicados por la investigación podría agriar aún más la relación entre el PT y el PMDB, que es considerado el «partido de la gobernabilidad» por la estructura legislativa que aporta.
Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que se filtraron a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar a partidos políticos.
Un torneo de fútbol
En su solicitud a la corte, el procurador Janot dijo que el sistema montado por algunas de las principales empresas constructoras del país para repartirse fraudulentamente los contratos de Petrobras tenía «reglas previamente establecidas, semejantes al reglamento de un campeonato de fútbol».
Añadió que las licitaciones se distribuían como los «premios de un bingo. Así, antes del inicio del certamen ya se sabía qué empresa ganaría».
Si bien la procuraduría no puede investigar a la presidenta Dilma Rousseff por hechos que ocurrieron antes de su llegada al cargo máximo de la nación, al menos mientras dure su mandato, sí indagará la forma en que se financió la campaña del 2010 que la llevó al palacio de Planalto por primera vez.
En un escrito en el que aclara que constitucionalmente la mandataria tiene «inmunidad temporaria a una persecución penal», la fiscalía afirma que buscará dilucidar si Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula y exjefe de gabinete de Rousseff, estuvo involucrado en el «Petrolão» o no.
Su nombre no figura entre los investigados pero apareció en una de las declaraciones voluntarias de los acusados que pretenden recibir beneficios en sus eventuales sentencias.
Palocci es mencionado como el supuesto responsable de solicitar casi 700.000 dólares a operadores financieros que tenían la función de lavar dinero en la trama delictiva de Petrobras para la campaña de la actual mandataria, según consta un escrito divulgado por la fiscalía.
La lista
La nómina incluye seis nombres del PT, siete del PMDB, 32 del PP (también aliado del gobierno), uno del opositor PSDB y uno del PTB (ex integrante de la coalición, que apoyó a la oposición en las elecciones de 2014).
El pedido de Janot a partir de las declaraciones de algunos de los involucrados en la trama delictiva deja muy expuestas a las principales espadas del PMDB, que tiene entre sus filas al vicepresidente de Brasil.
El fiscal solicitó abrir una investigación al titular del Senado Calheiros por la «supuesta práctica de los crímenes de corrupción pasiva calificada y de lavado de dinero», basado en declaraciones de un operador financiero y un exdirectivo de Petrobras a la policía.
Ambos afirmaron haberse reunido con el senador, a veces en su propia casa para discutir asuntos relacionados a la trama de corrupción.
Las acusaciones que condujeron a esta investigación surgieron en apenas dos de las 12 colaboraciones premiadas existentes. No obstante, en términos jurídicos no son condenatorias, sino que deben probarse para luego convertirse en denuncias y motivar una acción penal.
El proceso completo podría insumir de dos a cuatro años.
