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José M. Tojeira
Es evidente que el problema de la corrupción es grave en El Salvador. No se trata de decir que todos los políticos o los empresarios son corruptos. Pero que es fácil desde el poder del dinero o de la política caer en la corrupción es evidente. En algunas oficinas públicas se sigue diciendo a la gente que consiga una recomendación de un diputado y todo será más fácil a la hora de conseguir empleo. Pero no nos referimos a eso al hablar de corrupción como problema grave, prescription sino a la dificultad de perseguir a los corruptos. El caso del diputado Cardoza, buy cialis más allá de la presunción de inocencia, unhealthy muestra la dificultad existente a la hora de investigar la corrupción. Desde el momento en que se conocieron, ya hace algún tiempo, su relación y negocios con el diputado suplente Wilber Rivera, la Fiscalía debía haber iniciado una investigación en torno a los negocios del diputado al que la Corte Suprema ha pedido enjuiciar. Incluso que haya tenido que ser la Corte Suprema la que pida públicamente que se enjuicie al diputado, es una muestra más de la dificultad de proceder contra un personaje del entramado estatal.
Este modo de actuar lento y perezoso de la Fiscalía con las personalidades de la política, aun habiendo datos públicos que hacen sospechar, es la característica predominante desde hace ya muchos años en esta institución estatal encargada de perseguir el delito. Ya hace años la misma oficina de Probidad dijo que los familiares del entonces vicepresidente Merino se habían enriquecido notablemente mientras el conocido político estuvo en el cargo. En aquel momento la Fiscalía no hizo absolutamente nada, y por supuesto la Corte Suprema tampoco. En general la inmunidad de los altos cargos se ha tomado casi siempre como una especie de derecho a la impunidad total. Sólo cuando los gringos insisten o insistían en delitos de narcotráfico o lavado se dan en ocasiones, no siempre, algunos pasos. Que la Fiscalía no hubiera investigado desde temprano al diputado suplente Silva, cuando era obvio que gastaba en construcciones de lujo y en vehículos más de lo que podía recibir, fue realmente escandaloso. Su huida a Estados Unidos muestra también la ineficacia institucional y las complicidades, con frecuencia, de todos los poderes del Estado.
Todos recordamos las negociaciones turbias antes de la dolarización de nuestra moneda, en las que fue necesario consagrar la inmunidad-impunidad de un diputado que había baleado a una policía para conseguir la mayoría de votos a favor del dólar. Más allá de los casos comprobados, que son pocos, repasar todos los casos de posible corrupción entre nuestros funcionarios de alto nivel nos llevaría a escribir relatos de varios tomos. Los partidos mayoritarios con frecuencia se acusan mutuamente de corrupción, pero la sangre rara vez llega al río. Generalmente no son los partidos los protagonistas que fuerzan los juicios de corrupción. Al contrario, usan la corrupción exclusivamente para atacar al otro en vez de depurar costumbres y estilos que siguen y permanecen vigentes. La privatización de empresas y bancos del estado nunca ha sido investigada a fondo, probablemente porque ni siquiera teníamos los adecuados instrumentos legales para perseguir los enriquecimientos ilícitos abonados y favorecidos desde el poder. Todavía hoy a la Fiscalía, con su unidad anticorrupción, no se le tiene miedo. Unidad, que dicho sea de paso, no tiene una verdadera autonomía para perseguir, investigar y enjuiciar casos, sino tiene detrás permanentemente al Fiscal General. Un poco más de delegación de poder, recursos y autonomía sería indispensable para perseguir la corrupción.
Hoy se discute en el país la necesidad de tener una institución semejante a la CICIG de Guatemala para enfrentar la corrupción. No es una idea que deba desecharse en principio, aunque muy probablemente El Salvador tiene recursos todavía, si se lo propone, para desarrollar internamente una institucionalidad adecuada para perseguir la corrupción. Pero tiene que demostrarlo con hechos. En un país como el nuestro la prescripción del delito debía simple y sencillamente derogarse en casos de homicidio y de enriquecimiento ilícito. Y en este último caso, la prescripción del delito debía tener doble dirección: tanto en contra de los políticos como de las empresas o personas que sean cómplices de corrupción. Si de El Salvador salen más de setecientos millones de dólares al año, como promedio en los últimos diez años, hacia paraísos fiscales, es difícil pensar que no hay favores de bancos detrás de esa fuga de dinero y recursos. Y más cuando sabemos que el HSBC, hasta hace pocos años funcionando en nuestro país, ha sido severamente multado tanto en Europa como en Estados Unidos por contribuir a la fuga de capitales y lavado de dinero.
Aunque no siempre, se puede también decir que entre nosotros la inmunidad se utiliza para proteger la impunidad, la prescripción del delito para dar seguridad a los que han cometido delitos de lesa humanidad, el secreto bancario para proteger a maleantes, el poder político para enriquecerse. La institucionalidad ha ido creciendo en los últimos años y no hay duda de que algunas instituciones, como el Instituto de Acceso a la Información, la Sala de lo Constitucional, o la Superintendencia de Competencia, entre otras instituciones, han dado pasos en favor de la honestidad y en contra de la corrupción. La sociedad civil y la opinión pública es cada vez más sensible a estos casos. Y entre los políticos van surgiendo nombres y personas más confiables y más dispuestos a avanzar en la dirección correcta en esta lucha necesaria contra la corrupción. Pero ciertamente hay que avanzar más y más aprisa. La elección de un nuevo Fiscal, si se toma en cuenta una verdadera reingeniería de la Fiscalía y una mejor dotación de medios, puede ser un paso más en esta lucha indispensable para lograr cohesión social y enfrentar la ola (más bien oleaje) de violencia que sufrimos. Porque no nos engañemos, con corrupción arriba y pobreza y vulnerabilidad abajo es imposible corregir la delincuencia y la criminalidad.
