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Henry Flores
El jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, pills Carlos Pineda, look explicó que aún no cuentan con criterios establecidos o un manual de pasos para seleccionar los casos que se investigan, capsule que luego son enviados a los magistrados para decidir si se inicia un juicio por enriquecimiento.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin definir un método con criterios establecidos para decidir la selección de casos que la Sección de Probidad debe investigar para posibles juicios por enriquecimiento ilícito.
“Los criterios que hemos tomado en cuenta son algunos que están siendo procesados por algún delito, algunos porque dentro de la auditoria o análisis que realizan nuestros auditores salen inconsistencias o sospechas, algunos porque el clamor popular se escucha y otros porque recibimos denuncias y es nuestra obligación atenderlas”, explicó el jefe de Probidad, Carlos Pineda.
Preguntado por la prensa si ya cuenta con criterios establecidos por la Corte, respondió que “esas son las propuestas que los magistrados aún deben discutir y pasárselas a su servidor”.
El 15 de febrero, Transparencia Activa publicó que las magistradas Doris Luz Rivas Galindo y Paula Patricia Velásquez pidieron a los demás magistrados en sesión de Corte Plena establecer criterios para iniciar los juicios por enriquecimiento ilícito contra funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
Los documentos de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ evidencian que en las reuniones donde se trataban los informes de la Sección de Probidad, específicamente los casos del diputado Reynaldo Cardoza y el exidrector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, las funcionarias le pedían a sus colegas trabajar esos criterios.
Calderón Sol y Cristiani en espera
La Corte Suprema le notificó a Probidad que iniciara los análisis de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol.
“Esos nos lo notificaron la semana pasada. No hemos iniciado aún porque hemos estado bastante saturados para poder cumplirles con los plazos a los peticionarios, como es el caso de los expresidentes (Funes, Saca y Flores)”, señaló Pineda.
Explicó que no se habían realizado los análisis de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Sol y Cristiani porque no tenían facultades de investigación desde 2005, hasta que les fueron devueltas en 2014. Durante ese periodo solo se dedicaron a la recepción de las declaraciones patrimoniales.
Pineda dijo que no puede dar detalles sobre las causas que imposibilitaron las investigaciones de los casos antes de 2005, ya que no son responsabilidad de su administración.
