Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Río de Janeiro / AFP
Un tribunal de apelación brasileño aceptó por primera vez una denuncia penal contra un exmilitar acusado de atrocidades durante la dictadura militar (1964-1985), denegándole el beneficio de la Ley de Amnistía, una decisión que choca con las orientaciones del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Una corte de primera instancia había otorgado el beneficio de la amnistía de 1979 al exsargento del Ejército Antonio Waneir Pinheiro de Lima, acusado de secuestro, encarcelamiento privado y violación de una historiadora a inicios de los años 70. La defensa también adujo que esos crímenes estarían prescritos desde 1983.
Pero el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) aceptó por dos votos contra uno el recurso del Ministerio Público Federal (MPF, fiscalía), que alegó que los crímenes imputados a Pinheiro de Lima son imprescriptibles por ser de lesa humanidad, tal como los define el Estatuto de Roma ratificado por Brasil.
El caso que llevó a la inculpación está relacionado con los tratamientos infligidos a la historiadora Inés Etienne Romeu -fallecida en 2015-, en la denominada «Casa de la Muerte» de Petrópolis (estado de Rio de Janeiro, sureste), utilizada como centro de torturas por los militares.
Al menos 18 personas fueron asesinadas en ese lugar durante la pasada dictadura, según el MPF.
El caso debe volver ahora a la primera instancia. Cualquiera que sea el veredicto, es la primera vez que un exmilitar brasileño es acusado formalmente de un crimen penal por atrocidades cometidas durante la pasada dictadura.
Un tribunal reconoció en 2008 la responsabilidad civil (pasible de indemnización) del excoronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de los servicios de inteligencia y represión del Ejército entre 1970 y 1974, en casos de secuestro y torturas. Sin embargo, denegó la responsabilidad penal, en nombre de la ley de amnistía.
Ustra, fallecido en 2015, ha sido calificado de «héroe nacional» por Bolsonaro, quien tanto antes como después de su llegada al poder en enero justificó el régimen militar en nombre de la lucha contra el comunismo. En las últimas semanas, negó veracidad a los informes oficiales sobre torturas, muertes y desapariciones en aquella época.
Según un informe de 2014 de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, un organismo oficial), la dictadura fue responsable de 434 asesinatos y desapariciones y de cientos de casos de detenciones arbitrarias y torturas. Ese balance no incluye a las numerosas muertes de indígenas y campesinos resultantes de conflictos por la tierra.
A diferencia de sus vecinos, Brasil no colocó en el banquillo a los agentes del Estado acusados de cometer crímenes durante las dictaduras de los años 70 y 80, invocando la Ley de Amnistía de 1979.
