Santiago/AFP
La Justicia chilena anuló este viernes el juicio que absolvió a once indígenas mapuches, entre ellos una «machi» o mayor figura religiosa y médica de esa etnia, acusados por el asesinato de un matrimonio de ancianos en 2013.
En un fallo unámime sobre uno de los juicio más emblemáticos de la causa mapuche, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de nulidad y ordenó la realización de un nuevo juicio oral en contra de 11 acusados del delito de «incendio terrorista con resultado de muerte» de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013.
De esta forma, fue anulada la sentencia absolutoria dictada el 14 de noviembre por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco.
Esa sentencia «violó los principios de la lógica al no fundamentar los motivos por los que arribó a absolución de todos los acusados» y aceptó sin justificación la retractación de uno de los testigos, explicó el fallo conocido este viernes.
En su resolución absolutoria, el juez Ignacio Rau, argumentó que la prueba aportada por los acusadores no superó «el estándar probatorio exigido».
Entre los 11 acusados está la «machi» Francisca Linconao, quien purgó nueve meses de prisión preventiva por este caso y ha alegado su completa inocencia.
«Yo no miento, soy machi y hablo con la verdad», dijo Linconao, tras la resolución absolutoria.
Por este caso, en el que la Fiscalía había pedido cadena perpetua para 10 de los 11 acusados, el único condenado hasta ahora es el curandero mapuche Celestino Córdova, miembro de la misma comunidad de Linconao, sentenciado a 18 años de presidio en febrero de 2014.
El curandero fue detenido cuando huía de la hacienda incendiada, encapuchado y herido de bala en el tórax.
El fiscal Roberto Garrido había criticado la resolución absolutoria al estimar que perseguía «un estándar de convicción prácticamente inalcanzable».
Primeros habitantes de Chile y parte de Argentina, los mapuches suman hoy unos 700.000 miembros (entre los 17,5 millones de habitantes del territorio chileno), y están concentrados en una reducida zona del sur del país, con niveles de pobreza que duplican a los del resto de la población.
Comunidades reclaman la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales.
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