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Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP
La Corte Constitucional de Colombia aprobó el mecanismo de vía rápida, conocido como ‘fast track’, para que el Congreso valide las leyes que permitirán aplicar el acuerdo de paz con la guerrilla FARC que le valió el Nobel al presidente Juan Manuel Santos.
La votación de los magistrados del alto tribunal quedó 8 a favor y 1 en contra de la aprobación del procedimiento legislativo especial, que sigue a la ratificación del acuerdo de paz por el mismo parlamento el pasado 30 de noviembre, informó la Corte Constitucional.
La presidente del tribunal, María Victoria Calle, explicó en rueda de prensa que La Corte se pronunció sobre la demanda de un ciudadano contra una parte del acto legislativo que facilita el desarrollo normativo para la implementación del acuerdo de paz.
La magistrada aseguró que el artículo demandado, que hace referencia al mecanismo de la vía rápida, «no sustituye la constitución actual» dado que tiene como objetivo lograr la paz «lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra constitución».
Calle indicó que las normas que se establezcan a través de este mecanismo deben ser aprobadas por mayorías absolutas para su refrendación en cada debate en el Congreso y tener el control que hace la Corte sobre cada norma que haya sido aprobada.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó el proyecto de ley de amnistía, el primero que se tramitará con el mecanismo de vía rápida.
«Esta primera ley es fundamental porque es la que da las garantías y certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarme y su desmovilización», dijo Cristo.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, calificó la decisión de la corte como una gran noticia para el país «porque le va a permitir a los colombianos poder disfrutar la paz más rápidamente y al Congreso poder implementarla en tan solo seis meses».
Los otros proyectos legislativos que se tramitarán serán la jurisdicción especial para la paz, como se conoce al sistema de justicia transicional acordado con las FARC, la participación política de los rebeldes, y normas para «lucha contra los paramilitares», cuyo accionar preocupa especialmente a los guerrilleros, según Lizcano.
Mientras la Corte daba vía libre al mecanismo expedito para el trámite legislativo necesario para el acuerdo de paz, el Estado Mayor de las FARC anunció en un comunicado que separó de sus filas a cinco jefes por «entrar en contradicción» con la línea político-militar de la organización.
El grupo rebelde calificó de «insensatos» a los disidentes Gentil Duarte, Euclides Mora, John Cuarenta, Giovanny Chuspas y Julián Chollo, que «desconociendo los anhelos de paz de la inmensa mayoría de nuestro pueblo se lanzan por el despeñadero de la ambición personal».
«Sin consultar al pueblo»
El fiscal general, Néstor Martínez, recordó, en tanto, que aunque su despacho no hace parte del modelo de justicia transicional, presentará 25 informes sobre los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra «todos los agentes que estuvieron comprometidos en el conflicto».
El ‘fast track’ prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar las leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz alcanzado en noviembre.
Además, estipula que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.
El partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, había pedido al alto tribunal no aprobar el mecanismo porque a su juicio da «un duro golpe a la democracia» al permitir que se «introduzcan cambios sustanciales en la Constitución sin consultar al pueblo colombiano».
Uribe, férreo opositor al acuerdo con las FARC, fue también el líder de la campaña por el No en el plebiscito del pasado 2 de octubre, cuando los ciudadanos rechazaron el acuerdo original pactado entre las FARC y el gobierno de centro-derecha tras cuatro años de negociaciones en Cuba.
Esa votación, inesperada para el gobierno, llevó a las partes a renegociar puntos del acuerdo para incluir propuestas de la oposición y finalmente a promover su refrendación a través del Congreso.
Colombia vive un conflicto armado en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales, con saldo de unos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados a lo largo de más de medio siglo.
