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Con el objetivo de minimizar el impacto económico de la pandemia del coronavirus (COVID-19), el gobierno salvadoreño entregó un bono de $300 para beneficiar a las familias, sobre todo a aquellas con bajos ingresos económicos.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) hizo un examen especial al Ministerio de Economía (MINEC) en el que se determinó que hubo irregularidades en la entrega del beneficio económico. Para la entrega del subsidio de $300, el Ministerio de Hacienda transfirió al MINEC $350 millones el 28 de marzo de 2020.
Por lo que uno de los hallazgos estipula que, habiendo concluido el plazo establecido posterior a la finalización de la emergencia decretada por la Asamblea Legislativa, el MINEC todavía está pendiente de liquidar el monto de $332.8 millones destinados al pago del beneficio económico.
El examen especial determinó que el MINEC entregó subsidios de $300 a personas que vivían en el mismo hogar, que ya estaban fallecidas o que su número de identificación personal era diferente al del beneficiario que aparecía en el sistema.
De igual forma, el informe señala que en las entregas del subsidio a los “No Bancarizados”, beneficiarios por medio de las diferentes ventanillas de las agencias de los bancos, hubo un total de entregas de 724,151 de subsidios.
Los registros tendrían que ser los mismos reportados por el sistema; sin embargo, los auditores verificaron los registros de la entrega del beneficio económico y solo encontraron los registros de 80 mil 853 entregas del subsidio a “No Bancarizados”, por lo que existe una diferencia de 643,298.
En cuanto a las personas que recibieron el dinero a través de depósitos a sus cuentas bancarias, la CCR indicó que los bancos realizaron en total 270,767 depósitos del subsidio, lo que no concuerda con las verificaciones de los registros recibidos que indican un total de 316,265 depósitos a cuentas de beneficiarios bancarizados, revelando una diferencia de 45,498 depósitos.
Otra de las inconsistencias indica que en los registros se encontraron a beneficiarios fallecidos con estado “NO PAGADO”, cuando los bancos lo declaran en sus registros como “PAGADOS”.
De igual forma, el organismo contralor estableció, entre los 22 hallazgos, que las autoridades no cumplieron con los reglamentos a la hora de contratar a los bancos delegados para entregar el subsidio ni a las empresas que instalaron los centros de llamadas para los reclamos.
Según los auditores de la CCR, la irregularidad se centra en que fue la Secretaría de Innovación de la Presidencia, sin tomar en consideración a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Economía, la que seleccionó a las empresas contratadas sin ningún análisis a todo el universo de proveedores que podría suministrar ambos servicios.
Al cierre de 2020, el MINEC impuso una reserva de siete años a la información relacionada con las contrataciones para la entrega de ese bono.
