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La Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ratificó el fallo condenatorio en contra del Alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, del Partido ARENA, y contra once miembros de su concejo municipal, por la malversación de fondos y actos de corrupción, y los condena al pago de forma conjunta de más de $500 mil.
La anterior sentencia surge luego que el Alcalde Ruano apelara al fallo condenatorio de la Cámara Sexta de la Primera Instancia del 30 de julio de 2015.
En total, los reparos suman la cantidad de $582 mil 914.98 por responsabilidad patrimonial. Además, de $4 mil 933.80 por responsabilidad administrativa, de forma de pago también conjunta. La Cámara, además, absolvió al señor Persy Santos, quien en ese momento ejerció como síndico de dicha comuna y quien denunció los actos de corrupción del Alcalde Ruano y su Concejo.
“Los hechos que denuncié en enero de 2012 hasta noviembre de 2013, ahora son confirmados por la Corte de Cuentas de la República, legal y jurídicamente. Yo soy testigo, como dije anteriormente, que Salvador Ruano es un delincuente confeso, que desfalcó a la Comuna y el dinero de los contribuyentes”, afirmó Persy Santos, consultado por Diario Co Latino, y quien fuera destituido de su cargo como síndico de la comuna a punta de pistola por personeros del CAM, por órdenes del alcalde Ruano.
Según el informe, emitido en abril de este año, el alcalde Ruano gastó, de manera ilegal, el 75% del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) en préstamos para pagarse el alcalde gastos de representación (a parte de sueldo y dietas) mensualmente, cuando la comuna no tenía la capacidad económica para hacer esos gastos. El valor total pagado de mayo a diciembre de 2012 ascendió a $12 mil dólares. Esto, pese a que el Código Municipal advierte, en su artículo 49, que “el Alcalde debe ser equitativamente remunerado atendiendo las posibilidades económicas del municipio. La remuneración se fijará en el presupuesto respectivo”.
Además, de otro agravante, que es el uso de más del 25% FODES para pagos del personal, que autoriza la ley.
“El dinero del FODES lo usaba para gastos propios, eso es malversación de fondos”, aseguró Santos. Por otra parte, señaló que algunos documentos y cartas no contaron con su consentimiento por no estar de acuerdo, en su calidad de síndico, como posteriormente, lo confirmó la CCR.
Foto Diario Co Latino
Destapan la olla
También salieron a la luz otras obras inconclusas y dinero mal utilizado por el edil tricolor, como el pago de $30 mil 715.80 dólares a una empresa constructora, para la terracería en un inmueble donde se construiría un “Pupusódromo”, pese a que el terreno no era propiedad de la comuna.
El terreno, ubicado a un costado la carretera de Oro, es propiedad del MOP, y no de la comuna, por lo tanto, ese dinero no representó ningún beneficio para los ciudadanos del municipio y debe ser reembolsado, establece la Corte de Cuentas.
Asimismo, la CCR comprobó que el Banco Agrícola S.A. fue exonerado del pago de impuesto acumulado por aproximadamente 8 años, al utilizar el giro de comercio y no de industria, para disminuir el pago mensual de impuesto en concepto de tratamiento final de desechos sólidos, esto, aún y cuando la alcaldía no está autorizada por ley a exonerar gravámenes, de conformidad al Art. 55 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y Art. 205 de la Constitución de la República. Con ello afectaron el patrimonio de la municipalidad.
Los cálculos efectuados por el Departamento de Registro Tributario de la Municipalidad determinan que los fondos adeudados por el Banco Agrícola S.A. son de $462 mil 506.98 según la calificación original de la empresa.
Otro reparo
En el período 2012-2013, Ruano hizo pagos por $122 mil 430.44 dólares por indemnizaciones y despidos injustificados. De tal forma, que la CCR verificó que al menos, los primeros 22 empleados fueron despedidos por el Concejo Municipal en sus primeros ocho meses de gestión, sin presentar ninguna evidencia de las causas legales y sin una orden de la autoridad pertinente, por lo tanto, los despidos fueron ilegales.
Los medios de comunicación también fueron salpicados por la actuaciones del jefe edilicio de Ilopango, ya que en este informe, se destaca el pago de 5 mil 143.94 dólares en dos cuotas ( $2 mil 513.1 y $2 mil 630.93) en concepto de erogaciones a periodistas de TCS, cuando toda publicidad de la comuna debe ser pagada a los medios publicitarios directamente.
Entre otros, la CCR comprobó las limitaciones para el cumplimiento de las funciones del síndico municipal (Persy Santos) quien propuso al Concejo evitar inversiones ilegales indebidas y que se ajusten a prescripciones legales. Por lo que la Sala consideró que “el Concejo emitió acuerdo por medio del cual limitó las funciones que competen al Síndico Municipal”.
“Hasta la fecha, en concepto de sueldo caídos hacia mi persona, la administración de Ruano tiene una deuda de $40 mil, y con este fallo de la Cámara de Segunda Instancia esperaría que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe de forma inmediata contra Salvador Ruano, porque la denuncia está, desde noviembre de 2013”, aseveró Santos.
¿Persecución política?
Con este panorama adverso hacia su gestión municipal, que ya cumplió dos periodos 2012- 2014, 2015- 2018, el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, convocó para el pasado sábado a todas las comunidades de su municipio a una jornada de oración por lo que consideró una “persecución política”.
“Es un acto de conciencia en el cual la población ilopaneca une su clamor al Todopoderoso para frenar la violencia y los actos arbitrarios en contra de los funcionarios que procuran la paz social”, dijo Ruano.
Para Ruano, y otros dirigentes de ARENA, como Jorge Velado y René Portillo Cuadra, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra aquellos funcionarios y figuras públicas vinculadas en relaciones ilícitas con los grupos criminales, como es el caso del detenido Alcalde de Apopa, es “persecución política”.
En Ilopango se rumora que el alcalde Ruano ha involucrado a pandilleros de la MS y el Barrio 18, de forma ilegal en proyectos de la comuna.
Hace varios meses se conoció un vídeo en el que aparece el alcalde de Ilopango, Ruano, y el ex dirigente de ARENA, el hoy diputado Ernesto Muyshdont, negociando votos a favor de Norman Quijano, con los cabecillas de las pandillas de la zona.
En varias oportunidades, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, ha informado que investiga a jefes edilicios por vinculaciones criminales con grupos de pandillas. Para Ruano y la cúpula de ARENA, se trata de persecución política.
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