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Para los exjueces que salieron afectados con el decreto 144 de la Asamblea Legislativa aprobado el 31 de agosto pasado, que ordena la destitución de jueces al cumplir 30 años de trabajo o tener más de 60 años, la Corte Suprema de Justicia debe respetar las medidas ordenadas por la Cámara de Familia de Oriente.
En solicitud de los exjueces, el nuevo presidente de la Cámara de Familia no debe intervenir en el proceso que se está llevando a cabo entre dicha instancia y la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Familia de San Miguel dictó recientemente medidas cautelares, para que no acataran el decreto como tal.
Y con esto ordenaba a la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la República y la Asamblea Legislativa abstenerse de aplicar las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Para Rosvinda Portillo, exjuez de Intrusión de Osicala, Morazán, “los tres Órganos del Estado y también de la Cámara de Familia que ha sido constituida por el nuevo presidente y el auxiliar magistrado Manuel de Jesús Méndez, deben darle cumplimento a lo ordenado por la ley, dado que eso afecta directamente a la democracia que el país requiere”.
Saúl Zúniga, que es el nuevo presidente de la Cámara de Familia de San Miguel y habría tomado el cargo a raíz del decreto 144 ordenó remover todo juez o magistrado mayor de 60 años.
En la petición de los exjueces se deja clara la demanda que plantea una recusación en contra de los magistrados Saúl Zúniga y Manuel de Jesús Méndez por considerarlos que no gozan de la garantía de independencia e imparcialidad que debe de caracterizar un juez.
“Había emitido una opinión adversa a la tramitación de este procedimiento y, sin embargo, con posterioridad a intervenido, acompañado decisiones sobre lo que en principio le parecía incorrecto”, agregó Sidney Blanco, exjuez del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, según explicó Jorge Guzmán, exjuez de Instrucción de San Francisco Gotera, puede declarar inválidos las medidas cautelares dictadas por la Cámara de Familia de San Miguel a favor de los jueces a raíz del decreto 144 aprobado por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente de la República.
“Pero aún la Sala no lo ha conocido todavía, (es decir) esas medidas cautelares están vigentes y, por lo tanto, la Corte está obligada a cumplirlas, pero reiteradamente lo están incumpliendo”, comentó Guzmán.
Además, denunciaron un acto que violenta la democracia del país, la juramentación de 70 jueces que fueron nombrados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin convocar a la prensa y a puertas cerradas; según se conocen por fuentes extraoficiales, dicha juramentación apenas duró 30 minutos.
