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@arpassv
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, find Eugenio Chicas, here reiteró esta semana el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de no estar a la altura de las exigencias y prioridades del país, sobre todo por no sumarse a los esfuerzos estatales contra la violencia e inseguridad.
Chicas criticó que la Corte haya incumplido el plazo para instalar las audiencias virtuales y no avance en la depuración del Sistema Judicial. El funcionario señaló que la máxima instancia de justicia no está contribuyendo como debería a la solución de los problemas del país, a pesar de contar recursos suficientes: el 6% del presupuesto nacional.
A lo señalado por el secretario presidencial, se suman los bloqueos de la Sala Constitucional que sigue sin resolver sobre la emisión de 900 millones de dólares en bonos que mantiene congelados, impidiendo así que el gobierno obtenga fondos para financiar planes y programas de seguridad pública.
En relación a otros posibles recursos financieros para la lucha contra la delincuencia, la Sala también revirtió la reforma tributaria que ponía un impuestos a las grandes empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco.
En otros temas, siempre vinculados a ingresos gubernamentales, la Sala también rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que privatizó las pensiones. La admisión de dicha demanda habría contribuido al debate y aprobación de la reforma previsional que impulsa el gobierno, la cual pretende crear un sistema de pensiones mixto más solidario y sostenible.
Así, la Sala -integrada por los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González- contribuye a la maquiavélica estrategia de la derecha opositora que busca ahogar financieramente al gobierno y se convierte en la guardiana del injusto esquema tributario regresivo que favorece a los sectores más pudientes.
Esta situación debe ser de profunda preocupación para todos los sectores democráticos del país, sobre todo ante el secreto a voces de que ciertas instancias vinculadas a la oligarquía tienen ya un plan para intentar la reelección de estos tristemente célebres magistrados en el año 2018.
Por eso, y tal como lograron evitar la reelección del ex fiscal general Luis Martínez, las organizaciones populares deben proponerse la no reelección de estos magistrados que han causado más daños que beneficios al país. Esta debe ser la misión, una nueva Sala Constitucional que ayude a la Corte Suprema de Justicia a saldar sus deudas con el país.
