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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron, por unanimidad, solicitar a Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, el ex mandatario mantiene asilo político que impide aún su retorno a El Salvador, para enfrentar acusaciones de supuesta corrupción, entre ellos el lavado de $351 millones de dólares.
Fuentes oficiales confirmaron a este periódico que la votación se ejerció el pasado jueves, petición que será enviada al Gobierno de Nicaragua para que se apruebe su extradición. Además se solicita la extradición de Ada Mitchell Guzmán, actual compañera de vida del expresidente, y sus dos hijos Diego Roberto Funes y Carlos Mauricio Funes, los cuatro asilados en Nicaragua.
La resolución de esta decisión de la Corte en pleno aún no ha sido publicada por la CSJ, sin embargo, se espera que este viernes se notifique y se remita a Cancillería de El Salvador la petición de extradición para iniciar el proceso, con su homóloga en Nicaragua.
El papeleo que será enviado consta de 10 piezas, una certificación para el Ministerio de relaciones Exteriores de la República de Nicaragua.
Esta decisión de Corte en Pleno no fue sorpresiva para el expresidente Funes, quien afirmó: “No me extraña. Como lo dije antes, una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición”.
El expresidente Funes recordó que existe un asilo político que le protege de esta “persecución judicial”.
“No es la CSJ la que decide, sino el gobierno de Nicaragua”, sostuvo.
El ex mandatario cuestionó que la CSJ se tomó un par de horas resolver sobre su extradición, pero lleva años estudiando el incremento patrimonial no justificado de varios ex funcionarios de ARENA, como el de la ex Vice Presidenta Ana Vilma de Escobar.
“La decisión de la CSJ era previsible. La FGR controlada por la derecha pide la extradición. El Juez Sídney Blanco que responde a la derecha tramita la extradición. Y la CSJ controlada por la derecha aprueba mi extradición. Todos son eslabones de una cadena de persecución”, expresó Funes por las redes sociales.
Esta resolución, afirmó Funes, viola su derecho a la defensa, ya que considera que cómo pueden tomar una decisión sin tener presentes sus argumentos y las razones por las que considera que es objeto de una persecución política.
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