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Redacción Diario Co Latino
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), resolvió que en El Salvador el Estado ha mantenido una posición negativa en cuanto a brindar información sobre la masacre de El Mozote, por lo que a parte de mostrar preocupación, también resolvió un “supervisión reforzada”.
Hay una evidente preocupación por la causa penal, informó este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
La Corte IDH, cuya sede está en Costa Rica, dijo que tampoco hay colaboración de parte de las autoridades para colaborar en la investigación del caso.
En el Mozote y lugares aledaños, el ejército asesinó a cerca de un mil personas en su mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos, hechos ocurridos durante el conflicto armado en operativos militares que tuvieron entre sus objetivos el exterminio masivo de civiles entre 1980 a 1982, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad.
Esta masacre de El Mozote es considerada un crimen de lesa humanidad y fue comprobada la participación del batallón Atlacatl, se acreditó además el ocultamiento y sistematización por parte del alto mando de la Fuerza Armada de las ejecuciones hacia la población civil de esa zona.
Para la Corte IDH su preocupación es por el impacto dilatorio que ha tenido en la investigación penal y también por el cese en las funciones del juez de la causa, como consecuencia de la reforma a la Ley de Carrera Judicial.
«Se observa con extrema preocupación que (…) la causa estaría totalmente paralizada desde abril de 2021», agrega un comunicado de el CEJIL, sobre la postura de la IDH.
El juez Jorge Guzmán catalagó la masacre como Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad en diciembre de 2018, en el proceso penal en contra de un grupo de militares de alto rango quienes presuntamente ordenaron la “operación rescate”, en la zona oriental del país.
El juez de instrucción fue cesado a raíz de la reforma a la Ley de Carrera Judicial por parte de la Asamblea controlada por Nuevas Ideas y esto preocupa a la Corte IDH.
El Estado debe adoptar medidas de forma inmediata y agregan que «corresponde realizar una supervisión reforzada respecto de la medida de reparación de investigación de los hechos, mediante un seguimiento constante sobre su cumplimiento».
Por lo que el Estado deberá remitir informes periódicos cada tres meses, mientras subsista la situación.
