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Washington / Prensa Latina
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo bloqueada la política con la cual la administración de Donald Trump niega la residencia legal a inmigrantes dependientes de ayudas gubernamentales.
En una breve orden, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, rechazó la solicitud del ejecutivo de permitir la puesta en marcha de esa medida mientras se deciden los desafíos judiciales interpuestos en su contra.
La regla, que estaba prevista para entrar en vigor en octubre pasado, fue anunciada el 12 de agosto, cuando el gobierno dio a conocer la decisión de ampliar la capacidad de negar visas o tarjetas verdes de residencia permanente a personas que sean consideradas una ‘carga pública’.
Tradicionalmente, ese término se ha referido a alguien que recibe cierto tipo de apoyo gubernamental en efectivo, pero con la nueva norma se ampliaría la designación para incluir la dependencia a ayudas como los cupones de alimentos, la asistencia para la vivienda y la cobertura bajo el programa sanitario Medicaid.
Con esa medida, el Departamento de Seguridad Nacional entendería como carga pública a alguien que probablemente necesitará beneficios gubernamentales durante más de un año dentro de un periodo de 36 meses, además de medir otros factores como la educación, los ingresos y la salud para determinar si se debe otorgar el estatus legal.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes se pronunciaron de inmediato en contra de tal regulación, al considerar que discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir.
Por eso, se presentaron varias demandas contra la norma, y magistrados de tribunales inferiores aprobaron cuatro mandatos para impedir su entrada en vigor mientras no se agote todo el proceso judicial al respecto.
Sin embargo, en las últimas semanas las cortes de apelaciones levantaron tres de esos cuatro bloqueos, por lo que la decisión de este miércoles en Nueva York permite mantener al menos una orden nacional que impide de momento la entrada en vigor de la controvertida regla. Nicholas Espiritu, un abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que su grupo y varios otros continuarán desafiando la política de la carga pública en la corte y tratarán de ganar casos por los méritos.
Pero manifestó que el fallo es un aplazamiento muy necesario para las comunidades inmigrantes que se encuentran ansiosas ante los cambios propuestos, según citó la cadena de televisión CBS News,
La nueva prueba de riqueza, motivada racialmente, que están tratando de implementar con el estatuto de carga pública, es contraria a la ley federal y continuaremos defendiendo y litigando enérgicamente esos casos en todo el país, añadió Espiritu.
