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Quito/PL
Un proyecto para crear la Corte Penal de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) con el fin de combatir el crimen organizado en la región, será entregado hoy al gobierno de Ecuador, en esta capital.
La iniciativa tendrá su presentación en el marco del Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales de Unasur sobre Delincuencia Organizada Transnacional, que finaliza esta jornada en la sede de la instancia multilateral, ubicada en la Mitad del Mundo.
Entre los delitos que juzgará la Corte resaltan la trata de personas, soborno, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico, comercio ilícito, de armas, ciberdelitos y falsificación de medicamentos, entre otros.
Un total de 22 magistrados de los Estados miembros de la Unión formarán la instancia judicial de dos salas, de primera y segunda instancia, explicó en declaraciones a la prensa el Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, impulsor del tribunal.
Los jueces solo atenderían los casos que lleguen a la Corte, por lo tanto no necesitan estar permanentemente en la sede, que debe estar ubicada donde mismo radica Unasur, sugirió.
‘Operarán a través de los sistemas judiciales. No se van a crear aparatos burocráticos para Unasur, sino que se utilizará a las policías de nuestros países, a los centros de investigación de nuestros países, por lo tanto el costo sería absolutamente reducido a una planta pequeña de administración nada más’, afirmó.
Cada país podrá presentar tres candidatos a la Corte, que contará entre sus órganos con una presidencia, secretaría general y Fiscalía regional.
El letrado especificó que el ente puede poner fin a la ‘tragedia de las solicitudes de extradición que se conceden en unos casos, pero no en otros, por lo que hay delitos que se quedan impunes’.
Chiriboga no precisó la fecha de entrada en operaciones, pero alertó que el inicio de la Corte es una decisión correspondiente a los territorios integrantes de la misma.
El proyecto se entregará al estado ecuatoriano para que lo analice y vea su conveniencia, su legalidad, su pertinencia y su viabilidad diplomática, advirtió. A eso seguirían procesos de diálogos con los involucrados.
A su juicio, el Tratado sería un pequeño código penal, aplicable a toda la región con procedimiento penal acusatorio y contradictorio que la mayoría de los países no tienen.
La propuesta para la creación del nuevo organismo cuenta ya con el apoyo de las Fiscalías y Procuradurías Generales de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay, cuyos representantes se encuentran en los debates.
A la cita, iniciada la víspera, también asisten ministros de Estado y representantes del área judicial de Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay.
