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Según consta en varias actas de las sesiones de Corte Plena, el caso de la ex vicepresidenta de la República se discutió desde el año pasado sin reserva y los magistrados hicieron señalamientos sobre las declaraciones de patrimonio presentadas por ella en las que no logró justificar hasta $1.4 millones. Se le extendieron varias prórrogas para que presentara documentos de descargo, pero el pasado 26 de marzo los magistrados declararon que no hubo enriquecimiento ilícito.
La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó reservar la discusión del caso de la ex vicepresidenta de la República y ex diputada Ana Vilma de Escobar, que era investigada por la Sección de Probidad por un posible enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a lo plasmado en el acta de Corte Plena del 21 de marzo de este año, los magistrados acordaron que el caso fuera debatido discrecionalmente, amparados en la declaratoria de reserva que hizo la Sala de lo Constitucional en junio de 2017.
En el acta no se especifica cuáles magistrados votaron a favor y en contra de la declaratoria de reserva del caso de la ex funcionaria, únicamente el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, se pronunció en contra del acuerdo que ese día se tomó en el que se establecía la reserva y que la discusión del acta de patrimonio de Escobar se trasladaría para el martes 26 de marzo.
Ramírez Murcia señaló, además, que la deliberación del caso de la ex vicemandataria debió hacerse ese día y no el siguiente martes, debido a que la fecha señalada para retomar el debate él estaría fuera del país y no participaría en las discusiones, al tiempo que solicitó que su inconformidad quedara plasmada en el acta.
En junio de 2017, ocho de los 15 magistrados decidieron reservar datos bancarios, financieros, contables y patrimoniales de funcionarios y empleados públicos a quienes se les estuviera investigando por posible enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad.
Según consta en varias actas de Corte Plena, el caso de Albanez de Escobar se estuvo discutiendo en el pleno desde el año pasado sin reservas y los magistrados hicieron señalamientos sobre las declaraciones de patrimonio en que la ex funcionaria no logró justificar hasta $1.4 millones, además, de extendérseles varias prórrogas para que presentara documentos de descargo.
Luego de mantener la reserva de la discusión en dos sesiones de Corte Plena, el 26 de marzo pasado 8 de los 15 magistrados votaron a favor de la ex vicemandataria y la declararon libre de enriquecimiento ilícito, durante el tiempo que ostento el cargo de vicepresidenta y diputada, (2004 -2009 y 2012 -2015, respectivamente) pero aún queda pendiente la investigación de 2015 al 2018, cuando fungió como parlamentaria en la Asamblea Legislativa en un segundo período.