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Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generic Doris Luz Rivas Galindo y Paula Patricia Velásquez, pidieron a los demás magistrados en sesión de Corte Plena establecer criterios para iniciar los juicios por enriquecimiento ilícito contra funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
Los documentos de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ evidencian que en las reuniones donde se trataban los informes de la Sección de Probidad, específicamente los casos del diputado Reynaldo Cardoza y el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, las funcionarias le pedían a sus colegas trabajar criterios para conocer los expedientes.
En el acta correspondiente a la sesión del 13 de octubre de 2015, cuando abordaron el tercer punto de agenda denominado “Caso Probidad”, la magistrada Velásquez “señala que ante la responsabilidad del Pleno y de cada magistrado sobre el tema de Probidad y en específico sobre el caso del diputado Reynaldo Cardoza, sugiere se revise cuáles casos están por vencer plazo, para que no se entienda que esto no lleva un orden”.
Según el acta, el magistrado Sidney Blanco responde “que deberían de aportarse los criterios sobre los que se va a seguir investigando, porque en su entender hay que investigar los casos pequeños en los que puede utilizarse como un caso ejemplarizante. Expresa que la labor delegada a su persona y la del magistrado (Belarmino) Jaime está siendo realizada con sumo cuidado y dedicación”.
La magistrada Rivas Galindo “señala que es importante cumplir con los mandatos constitucionales que tiene el Pleno, y sobre todo en el tema de Probidad, por lo que considera importante trabajar criterios para el conocimiento de los casos. Propone que la magistrada Velásquez se integre a la comisión delegada”.
El magistrado Rodolfo González en su intervención dijo que ese y otros casos ya tienen suficiente sustento y han sido bien estudiados por Probidad.
Sin embargo, de acuerdo al acta, para la magistrada Velásquez “es importante definir los criterios y no dejar pasar el tiempo en todos los casos, por lo que está de acuerdo con el magistrado González”.
Más adelante, el magistrado Florentín Meléndez dice que un criterio puede ser “el que se inicie por los altos cargos que tienen responsabilidad en el Estado, la diversidad de gobiernos que ha habido en el país y sus cambios, son unos de los criterios que puede evaluarse”.
Añade que hay tácticas dilatorias en las investigaciones por lo que para él basta con que la información de Probidad evidencie indicios razonables de enriquecimiento ilícito.
En el acta de la sesión de Corte Plena del 26 de noviembre de 2015, cuando trataron el caso del exdirector del ISSS, la magistrada Rivas Galindo solicitó “conocer el criterio utilizado por la Sección de Probidad para designar los casos que se presentarán al Pleno y la situación real de cómo está la carga de trabajo”.
La magistrada Velásquez coincidió con la solicitud de su colega de “conocer los criterios de presentación al Pleno”. Mientras, la magistrada Dafne Sánchez de Muñoz “consulta si el investigado ha tenido oportunidad de participar en la investigación”.
En el acta se detalla que el magistrado Blanco responde “sobre los criterios de los casos seguidos ante la Sección”. Expresa que tanto su persona como la del magistrado Jaime conforman comisión de apoyo para la Sección y recuerda que anteriormente se pidió al Pleno se aportaran nombres para que se trasladen estas sugerencias a la Sección para hacer las investigaciones”.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional añade que “teniendo un personal ínfimo a cargo el jefe de la Sección y más de un mil expedientes en la misma, es difícil establecer criterios, habida cuenta que pasa los informes en la medida que se complementa la información y así analizan los magistrados que están apoyando, por lo que no hay criterios rígidos”.
Ante ese comentario, la magistrada Rivas Galindo “indica que debe evitarse subjetividad en la selección y determinación de casos y por tanto, deben construirse criterios y actividades de fortalecimiento”.
Los casos de Cardoza y Flores fueron los primeros en los que la Corte ordenó llevar a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito. En abril iniciará la audiencia contra el diputado y a inicios de este mes se informó que la Cámara admitió la demanda contra Flores. El viernes pasado se dijo que el exdirector del ISSS no había sido localizado y el Tribunal lo emplazó a él y a su esposa a contestar la demanda. La Sección de Probidad investiga a 29 funcionarios y exfuncionarios, entre los que estaba el expresidente de la República, Mauricio Funes, y a quien también la Corte ordenó iniciar un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito.
Según la Corte Suprema, durante el período en funciones de Funes, existe la cantidad de $520,629.74 cuyo origen es desconocido y, con posterioridad a su mandato, tampoco existe justificación de $181,500.00.
