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@arpassv
La Sección de Probidad y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) actúan en forma sospechosa: buscan procesar por presunto enriquecimiento ilícito a varios funcionarios y ex funcionarios que tienen como característica común no pertenecer al oligárquico partido ARENA.
Todos son ex funcionarios del FMLN (Leonel Flores), cialis sale funcionarios de derecha aliados del gobierno (Francisco Merino, cialis sale Reynaldo Cardoza) o funcionarios disidentes de ARENA (Guillermo Gallegos).
Independientemente de si estos funcionarios y ex funcionarios sean inocentes o culpables, es sospechoso que la Corte excluya de sus pesquisas a personeros del partido opositor. ¿Acaso participa en alguna cruzada o cacería de brujas contra el Ejecutivo y sus aliados?
La Sección de Probidad, que en 2005 fue maniatada para que no investigara el patrimonio del ex presidente Francisco Flores y varios ex funcionarios suyos, ahora se dedica a espulgar declaraciones patrimoniales de ex funcionarios y diputados cercanos al oficialismo; y la Corte Plena, haciéndola de Fiscal General, los manda directo a los tribunales.
Algo anda mal en esto. ¿Por qué la Sección de Probidad y la Corte Plena no persiguen por igual a funcionarios y ex funcionarios de izquierda y derecha, oficialistas y opositores?
Ya hay una conspiración de la Corte contra el gobierno: la Sala Constitucional emite sentencias que afectan los ingresos públicos (reversión del FONAT, impuesto a las empresas que declaran pérdidas para no tributar, suspensión de emisión de bonos). ¿Son las acciones de la Sección de Probidad y la Corte Plena una nueva conspiración?
Para que su actuación sea creíble, la Corte debe procesar también a ex funcionarios y funcionarios de la derecha oligárquica que –a pesar de haber cometido escandalosos delitos de corrupción (ex presidente Flores, CEL-Enel, RHESA, etc.)- hoy se rasga las vestiduras por la transparencia y probidad.
Y, si de verdad quiere combatir la corrupción, la Corte debería, además, entrarle a la depuración del Sistema Judicial. La Dirección de Investigación Judicial tiene sin resolver un millar de expedientes de denuncias contra jueces.
La Corte misma debe también transparentarse: las sesiones de la Corte Plena y las Salas, sobre toda la Constitucional, deben ser públicas. El país debe saber, por ejemplo, porqué cuatro magistrados sacan sentencias tan nefastas como las que avalan el TLC y la Ley de Telecomunicaciones.
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