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Buenos Aires/AFP/PL
El más duro golpe político desde que asumió hace 9 meses sufrió el presidente argentino Mauricio Macri al ordenar la Corte Suprema que suspenda un brusco ajuste en la tarifa de gas, pieza clave en la política del gobierno.
La reacción del jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue acatar la orden del máximo tribunal y anunciar el llamado a audiencias públicas «en el tiempo más breve». El gobierno había aplicado el ‘tarifazo’ sin consultar a la sociedad en audiencias como marca la ley.
«La medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades en un sector con elevada potencialidad», dijo a la AFP Dante Sica, director de la consultora económica Abeceb.com.
En la calle, la orden judicial impactó como un soplo de aire fresco. «Me parece perfecto que por una vez la Corte haya fallado a favor de los intereses de los usuarios y no de las empresas», dijo a la AFP Sergio Cedrola, cuando pagaba su factura.
El gobierno había hecho del ajuste una cuestión de Estado. Afirma pelear con uñas y dientes contra el déficit fiscal, que ronda el 7% del Producto Bruto, igual que en 2015. Considera el alza tarifaria vital para cumplir con su plan de reanimación económica, en medio del malestar de la ciudadanía por la recesión.
Siete de cada diez argentinos ven mal la marcha de la economía, según un reciente estudio de la consultora CEOP.
«El fallo se va a cumplir. Las instituciones están funcionando», dijo Peña en rueda de prensa.
«Estoy de acuerdo en que se vuelva atrás porque, con los sueldos que hay es imposible pagar, sobretodo en las familias más humildes», dijo a la AFP Julia Rosales, una empleada, en el centro de Buenos Aires.
Favorece a clientes residenciales
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias con los consumidores. El gobierno, una alianza de derechistas y socialdemócratas, aplicó también alzas en agua, energía y transporte. En gas, los ajustes van de 200% hasta 2.000%. La medida atizó una inflación que supera el 40% anual.
El fallo favorece sólo a los clientes residenciales. Los ajustes seguirán vigentes para las compañías, lo que perjudica a comercios y pequeñas y medianas empresas, las cuales aspiraban a una revisión dado que pagan aumentos de 500%.
A Peña lo acompañó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien está en el ojo del huracán. La Justicia ordenó el jueves un allanamiento en la sede de la cartera para buscar documentos.
Aranguren está denunciado por favorecer con el ‘tarifazo’ a la multinacional Shell de la que es accionista.
Peña sostuvo que la decisión de la Corte confirma la necesidad de «trabajar en una mejor estructura del sistema energético que está en crisis».
La Corte le recordó al gobierno «que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio».
Macri argumenta que las tarifas estaban retrasadas por los subsidios de los gobiernos kirchneristas (2003-2015, peronistas de centroizquierda), que defendieron la medida como política de Estado.
Fallo provocará más inflación
Si bien es positiva la suspensión por la Corte Suprema de Justicia de Argentina del tarifazo en el gas para los usuarios residenciales, el fallo resulta limitado al dejar fuera a sectores sociales y productivos sensibles.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las fábricas recuperadas, las cooperativas, los centros culturales y de jubilados y los clubes deportivos de barrio quedaron sin el beneficio del veredicto anti-tarifazo.
El veredicto fue aplaudido como un paso positivo por la oposición, empero sólo protege a los usuarios residenciales que representan 26 por ciento del consumo de gas en el país.
Así, la anulación de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería, que encabeza Juan José Aranguren, deja desprotegido al 74 por ciento de los consumidores de gas y, de hecho, no impide futuras subidas y que estas en comercios y productores se traslade a los precios.
Al polemizar sobre el candente tema, el diputado Néstor Pitrola, del Partido Obrero – Bloque Frente de Izquierda, señaló que el fallo frena el aumento del gas residencial, sujeto a audiencia pública, luego de la cual el Gobierno podrá aplicarlo.
‘Pero resulta incomprensible el motivo por el cual la Corte habilitó el 500 por ciento de incremento a industrias y comercios sin audiencia pública previa, aumentos que serán trasladados a precios alimentando la caldera inflacionaria’, advirtió el legislador.
Protestas
Con la llegada del invierno austral, en julio, millones de argentinos recibieron facturas con fuertes aumentos. Se agudizó una ola de protestas callejeras desde que en marzo se anunciaron los ajustes.
Cientos de consumidores presentaron amparos en la justicia que suspendió la aplicación de las alzas en luz, gas, agua y transporte. El caso del gas llegó a la Corte y se espera que el de la electricidad también.
Las protestas forzaron al gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos aplicados a la tarifa de gas en 400% para los hogares y 500% para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas.
Pero los reclamos judiciales siguieron. Una Cámara Federal de La Plata (sur) suspendió el aumento de gas en todo el país, al igual que otro la suba de tarifas de electricidad en todo el territorio.
El miércoles, mientras el ministro Aranguren exponía ante el Congreso, la policía halló una granada frente a la casa en Buenos Aires de la jueza Martina Forns, quien frenó el alza de la tarifa eléctrica.
Entonces, Aranguren afirmó que en los últimos 12 años los subsidios fueron millonarios y generan inflación.
La economía argentina sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza, que estudios privados cifran en 34% de la población.
