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Marco Aurélio Mello, ministro de la Corte Suprema de Brasil, envió a la Fiscalía General de la República un pedido para suspender de su cargo al presidente Jair Bolsonaro durante 180 días por haber cometido diversas acciones que pusieron al país en riesgo ante la emergencia sanitaria del Covid-19.
Mello remitió a la Procuraduría General la denuncia penal presentada por Reginaldo Lopes, diputado del Partido de los Trabajadores por el Estado de Minas Gerais contra el presidente Bolsonaro.
Lopes notificó oficialmente al Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre hechos presuntamente delictivos cometidos por Jair Bolsonaro, relacionados con su conducta irresponsable en la gestión de la pandemia de Covid-19.
Considera el parlamentario que el presidente ha realizado acciones que pueden favorecer la propagación del virus.
Los hechos denunciados contra Bolsonaro son públicos y notorios, dada la repercusión mediática que han tenido sus llamados a concentraciones y sus visitas a plazas, centros comerciales y otros.
A ello se une su reticencia a adoptar medidas de aislamiento social y su minimización de la epidemia, todo lo que ha sido criticado y contradicho por su propio equipo de Gobierno.
Estas conductas, que en la consideración de Lopes y su partido son infractoras de la ley penal brasileña, están contenidas en la denuncia presentada, la que recibió luz verde por la Corte Suprema para su remisión al ministerio público.
Al ponerse los hechos en conocimiento de la fiscalía, este órgano debe evaluarla y, si considera que existen méritos para una investigación, es imperioso notificar al parlamento, dada la inmunidad de que está revestido Jair Bolsonaro por su alto cargo.
La Cámara de Diputados puede autorizar o no el procesamiento, siempre sobre la base de los hechos denunciados y las evidencias que existen de los mismos.
De autorizar el inicio de las investigaciones, inhabilitaría de inmediato a Bolsonaro para el ejercicio de la primera magistratura por un término de 180 días.
Previamente, el Partido de los Trabajadores había remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta poniendo en su conocimiento estos mismos hechos, como violatorios del derecho fundamental de los brasileños a la vida y a la salud.
No es el primer pronunciamiento judicial sobre la conducción del Gobierno ante la pandemia por parte de Bolsonaro. En días pasados una jueza federal de Río de Janeiro ordenó al presidente suspender una campaña publicitaria promovida por la presidencia, en la que se llamaba a no respectar la cuarentena social.
En ese contexto, miles de brasileños están convocados para realizar este martes un cacerolazo, en protesta ante la gestión del Ejecutivo ante la Covid-19.
Las entidades convocantes son los frentes Brasil popular y Pueblo sin Miedo, los que instaron a que las personas suenen las ollas desde sus portales y balcones, para no infringir el aislamiento social.
