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Washington / AFP
La Corte Suprema de Estados Unidos dio el miércoles un duro golpe a los sindicatos de empleados del sector público, al considerar que los aportes gremiales obligatorios eran inconstitucionales.
La decisión fue adoptada por 5 votos contra 4 y representa una estocada letal para la capacidad de los sindicatos del sector público de obtener recursos.
Esta decisión de la máxima corte estadounidense fue saludada de inmediato en Twitter por el presidente Donald Trump, quien no escondió el impacto político de la determinación judicial.
«¡Es una enorme pérdida para la caja de los demócratas!», celebró el mandatario.
El proceso había sido iniciado por Mark Janus, empleado del Departamento de Salud en Springfield, en el estado de Illinois, quien alegó que se opone a la contribución sindical compulsiva.
Janus justificó su reclamo en que era forzado a aportar al sindicato aún cuando no es miembro del gremio.
«Debo pagar una cotización sindical a un sindicato del que no soy miembro», alegó.
El problema tenía origen en otra decisión adoptada por la misma Suprema Corte hace más de 40 años, que justificaba el cobro de una contribución sindical ya que el gremio representaba a todos los trabajadores en las negociaciones colectivas.
En la visión mayoritaria de la Corte Suprema, la deducción en los salarios de los costos de la negociación colectiva representa un atropello a la Constitución ya que los empleados no han consentido formalmente la quita.
Como el procedimiento no contempla formalidades de consentimiento, «esa práctica no puede continuar» porque atropella la Primera Enmienda de la Constitución, sobre libertad de palabra, afirmaron los jueces en la opinión de la mayoría.
En contrapartida los jueces de la minoría reclamaron en una opinión conjunta que la interpretación de la jurisprudencia estaba haciendo que se utilice la Primera Enmienda «como una espada».
Con la decisión, la máxima corte estadounidense ratificó su clara inclinación conservadora, luego de estar al borde de un cambio tras la súbita muerte del juez Antonin Scalia en febrero de 2016.
El entonces presidente Barack Obama llegó a indicar al moderado magistrado Merrick Garland para ocupar esa plaza, pero los republicanos en el Senado se negaron a analizar o votar ese nombramiento alegando que se trataba de un año electoral.
Luego de su victoria en las elecciones de noviembre de ese año, Trump desechó a Garland y nombró a Neil Gorsuch, de apenas 50 años, en un gesto que mantuvo firmemente la mayoría conservadora en el tribunal.
El martes, la Corte Suprema ya había validado un decreto de Trump que veta el ingreso a territorio estadounidense a ciudadanos de Corea del Norte y cinco países de mayoría musulmana, así como a funcionarios específicos de Venezuela.
