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@arpassv
Tal como estaba previsto, la Corte Suprema de (in)Justicia rechazó ayer la petición de la Audiencia Nacional de España de extraditar a cuatro ex militares implicados en la masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA, crimen de lesa humanidad cometido por fuerzas gubernamentales en noviembre de 1989.
Por unanimidad, y con el argumento de que derogada la Ley de Amnistía los procesados pueden ser juzgados en el país, los magistrados de la Corte Plena desecharon la solicitud de la justicia española.
Así la Corte ratifica la decisión que tomó en mayo de 2012, cuando 9 de 15 magistrados declararon improcedente el pedido de extraditar a España a 13 ex militares reclamados por el asesinato de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y demás jesuitas y sus colaboradoras.
La decisión de la Corte Plena es un homenaje a la impunidad no sólo de la masacre en la UCA, sino de todas las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil.
Pero -además de generar impunidad de los crímenes cometidos antes y durante la guerra- la Corte Suprema de (in)Justicia también favorece la impunidad de los delitos que se cometen diariamente en la actualidad, al no depurar el corrupto Sistema Judicial criticado hasta por el gobierno de Estados Unidos.
La Corte Plena y su Dirección de Investigación Judicial no avanzan. Notas periodísticas revelan que entre 2015 y 2016 apenas 52 jueces fueron sancionados por “faltas a la ética”, mientras 941 denuncias contra jueces están pendientes de resolver.
Con esto la Corte no responde a su obligación de dar pronta y cumplida justicia, y genera la impunidad que promueve más violencia e inseguridad. Por tanto, la ciudadanía debería exigir que la máxima instancia judicial cumpla su rol y apoye los esfuerzo del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Como sostienen representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), la Corte no está a la altura de la situación del país y no actúa en función de las prioridades nacionales.
ASGOJU señala también la falta de transparencia en la Corte, que se mantiene atrás de la Asamblea y el Ejecutivo en relación a los esfuerzos por transparentar el uso de los recursos. La Corte Suprema de (in)Justicia se gasta el 6% del presupuesto nacional sin rendirle cuentas a nadie.
