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Por Sébastien Blanc
Washington/AFP
La Corte Suprema de Estados Unidos examina este martes si se debe establecer una audiencia de libertad bajo fianza para miles de migrantes sometidos a detenciones prolongadas, en un contexto de represión contra los indocumentados promovida por el presidente Donald Trump.
Es el caso de los extranjeros detenidos cuando cruzan de manera ilegal la frontera o de aquellos que son arrestados por una falta y deciden recurrir a la justicia para permanecer en Estados Unidos. Que corren el riesgo de pasar meses, e incluso años, detenidos.
La organización American Civil Liberties Union (ACLU), de defensa de los derechos civiles, considera inaceptable esa situación y decidió apoyar un recurso judicial colectivo presentado por el mexicano Alejandro Rodríguez y otros extranjeros.
El caso ya había sido llevado ante la Corte Suprema en noviembre de 2016. Pero conformado entonces por ocho magistrados, en vez de nueve, y ante la posibilidad de un bloqueo por empate de votos, el máximo tribunal prefirió aplazar el asunto a la sesión de esta semana.
La Corte Suprema completó en abril de este año su composición normal, de nueve magistrados, con el nombramiento por parte de Trump del conservador Neil Gorsuch.
«Es increíble que un ciudadano que es detenido por cometer un delito sea llevado ante los tribunales en un lapso de 48 horas y si no se logra demostrar que presenta riesgo de fuga o que constituye un peligro para la sociedad queda fuera, pero a un extranjero que no ha cometido ningún delito lo mantenemos detenido durante seis meses sin ninguna audiencia judicial», reclamó David Cole, directivo de ACLU.
Tres años detenido
Alejandro Rodríguez llegó muy joven a Estados Unidos. Consiguió la residencia legal y trabajaba como asistente en odontología. Pero detenido por conducir un auto robado y por posesión de drogas, fue sometido a un proceso de deportación.
Pasó tres años detenido, intentando recursos judiciales, hasta que ACLU presentó una demanda y fue liberado. Finalmente, Rodríguez ganó el pleito y obtuvo el derecho a permanecer en Estados Unidos.
Los solicitantes de asilo también enfrentan el mismo problema.
Ahilan Nadarajah, que sufrió tortura en su país natal, Sri Lanka, pidió asilo en Estados Unidos en 2001.
Las autoridades lo mantuvieron bajo detención durante cuatro años y cinco meses, tiempo durante el cual sus solicitudes de liberación eran rechazadas una y otra vez. Al final le fue concedida la nacionalidad estadounidense.
Detención = prisión
Según ACLU, muchos de los extranjeros detenidos tienen sólidos argumentos contra su expulsión y no presentan el riesgo de desaparecer sin dejar rastro.
Durante los debates de noviembre pasado, los magistrados de la Corte Suprema fueron receptivos a ese planteamiento y criticaron los largos periodos de detención.
Sin embargo, se mostraron más cautos sobre la pertinencia de establecer de manera general y al cabo de seis meses de detención una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza.
El representante del gobierno había defendido que se aplique la legislación de cada estado.
Pero para los detenidos, esos largos periodos privados de la libertad no se diferencian de una condena carcelaria. Deben vestir uniforme de presidiario, son vigilados como en una prisión y pueden incluso ser sometidos a aislamiento. Las visitas de familiares también son limitadas.
