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Daniel Trujillo
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega hoy al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a explicar cuáles son los criterios que utiliza la Sección de Probidad para investigar los casos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
El comisionado del IAIP, pharm Jaime Campos, pilule dijo que la audiencia se realiza por la petición de una ciudadana que quería conocer precisamente esos aspectos y que le fueron denegados porque el órgano de Estado le dijo, en ese momento, que no contaba con los mismos y que se estaban elaborando.
Campos informó, además, que también se solicitó el listado de funcionarios y ex funcionarios investigados por Probidad, de los cuales se destacan el diputado de la Asamblea Legislativa, Reynaldo Cardoza; el ex presidente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores; y, el ex presidente de la República, Mauricio Funes.
En febrero pasado, Transparencia Activa publicó una noticia informando que en actas de sesión de Corte Plena se evidenció la ausencia de criterios establecidos para la investigación de casos de presunto enriquecimiento ilícito. En la documentación se lee que las magistradas Doris Luz Rivas Galindo y Paula Patricia Velásquez pidieron a los demás magistrados establecer los aspectos para iniciar los juicios, por el referido delito de corrupción.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Florentín Meléndez, dijo que recientemente se aprobaron las normas con las que se puede iniciar la investigación y han designado al oficial de información del órgano de Estado para que los explique ante el IAIP.
“Son tres criterios los aprobados, que no son nada del otro mundo, son de sentido común que se coligen del mandato constitucional que tiene la Corte Suprema de Justicia en el artículo 240 de la Constitución. Los criterios orientan a la Sección de Probidad, como también pueden orientar a cualquier otra instancia del Estado que lleva adelante investigaciones, casos, auditorías”, dijo Meléndez.
El apartado constitucional mencionado trata sobre el enriquecimiento ilícito y lo que debe de restituir al Estado el funcionario al que se le comprobara el delito.
Asimismo, Meléndez dice que ya se está procesando la información de los ex presidentes de la República, así como los de los ex presidentes de la Corte Suprema, entre otros altos ex funcionarios del país, pero afirmó que la Sección de Probidad trabaja en su máxima capacidad, debido a que en los últimos meses se ha incrementado su exigencia.
