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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
Acción Ciudadana señaló este viernes que la Corte Suprema de Justicia negó el acceso a información sobre el listado de funcionarios que han incumplido su obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio, los procesos sancionatorios iniciados por dicho incumplimiento y el número de expedientes por presunto enriquecimiento ilícito que están siendo procesados, que en años anteriores no hubo inconvenientes para acceder a ellos.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, mostró preocupación por las acciones de restricción de la CSJ, por la inaccesibilidad que las instituciones han mostrado desde el cambio de Gobierno y por la “incidencia” del Ejecutivo sobre los Órganos del Estado, lo que catalogó como una nueva “regresión” en materia de transparencia de acceso a la información y rendición de cuentas, que se dirige a en escenario donde ya no tendrá validez el cumplimiento de la ley.
“La CSJ está blindando conocer qué casos de funcionario no han presentado, no han rendido su declaración de patrimonio, tanto al ingreso como a la salida de su cargo, y esto puede significar al final, proteger a aquellos funcionarios que se han enriquecido ilícitamente. Todo eso se suma al comportamiento que ha tenido este Gobierno, y la Asamblea Legislativa y de las instituciones públicas en general, de cerrar la información a los ciudadanos”, manifestó Escobar.
De acuerdo al director de Acción Ciudadana, desde 2019 la Corte entregaba sin ningún reparo la información solicitada, y no había invocado ningún criterio de reserva u otra razón para negarla. Sin embargo, en está ocasión, existe una postura diferente que cierra la posibilidad de indagar del cumplimiento de las obligaciones de probidad. “La CSJ alude a un criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativo (20-20-RA-SCA) del que hace una interpretación extensiva, pues dicho tribunal se pronunció únicamente sobre las declaraciones juradas de patrimonio y los informes de la Sección de Probidad, mientras que nuestra solicitud versa sobre datos estadísticos”, indicó la organización.
En un apartado diferente, la organización aseguró que “con esta resolución la CSJ bloquea el acceso a todo dato relacionado con el quehacer de la Sección de Probidad, y pone candado a información valiosa sobre casos de enriquecimiento ilícito, e incluso datos administrativos e información sobre los casos que conoce Corte Plena”.
En el último informe que presentó Acción Ciudadana, en septiembre de 2022, revela que hubo más de 6 mil casos de patrimonios sin declarar de funcionarios de rangos medios que manejan fondos públicos, estadísticas que buscaron actualizar este año para conocer cuántos funcionarios habían declarado, pero hubo una negativa para el acceso a la información.
“La Corte ha invocado ese criterio que era precedente a otras ocasiones en que ya nos lo habían entregado y que ahora consideran que es de reservada. El criterio que invocó es a nuestro juicio extensivo porque la Sala de lo Contencioso se pronunció sobre las extensiones de probidad y sobre los informes que hace a la sección” expresó el coordinador del centro de monitoreo institucional, René Valiente.
“Nosotros no hemos solicitado el contenido de las declaraciones, ni información confidencial que se pueda extraer de estas”, comentó.
Acción ciudadana externó que desde el año 2015, con la resolución del IAIP NUE 69-A-2015, se dio a conocer información sobre las declaraciones de patrimonio de funcionarios y servidores públicos, lo que posibilitó la reactivación de la Sección de Probidad y la investigación y juzgamiento de graves casos de enriquecimiento ilícito que de otra forma hubieran caducado. Sin embargo, aseguró que la resolución de la Corte viola los principios de seguridad jurídica y cuestionó las razones de restricción de información.
“La resolución de la CSJ viola los principios de seguridad jurídica, máxima publicidad, y de irreductibilidad y no regresión de los derechos humanos, siendo una denegatoria injustificada que afecta el combate a la corrupción, a la vez que implica un retroceso en estándares de transparencia”, finalizó.
