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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Por la información que circula en medios de comunicación del país, las elecciones generales del próximo año serán las mas caras de la historia.
Pero falta saber si el ministerio de hacienda y la Asamblea Legislativa realizarán algún recorte a los presupuestos presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que suman en conjunto 159, millones,740 mil, 514 dólares.
¿Serán también las más democráticas, más libres, más competitivas y más transparentes? Podría ocurrir, que también en el orden democrático, resulten ser las elecciones más caras.
Las votaciones en el territorio nacional, que se desarrollarán en los 262 municipios y en más de 1,500 centros de votación, con papeleta física, juntas receptoras de votos, considerando la posibilidad de una segunda vuelta en la elección presidencial, y la elección de concejos municipales y diputaciones al parlamento centroamericano, en fecha distinta de las elecciones del 4 de febrero, costarían 89 millones, 40 mil, 535 dólares.
El voto en el exterior, por internet y presencial en algunos consulados que el Tribunal Supremo Electoral defina, y solamente para la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa, según esos datos que circulan en medios de comunicación, costaría 70 millones 699 mil 979 dólares con 74 centavos.
De acuerdo a lo que la ley de voto desde el exterior ha impuesto, todos los votos que se emitan por las y los salvadoreños en el exterior, serán computados a la circunscripción del departamento de San Salvador.
En esa lógica, los diputados y diputadas que resulten electas y electos en la circunscripción departamental de San Salvador, serán los más costosos para las pobres finanzas de una población que declara solo comer dos tiempos al día, haberse endeudado para comprar alimentos, dejar de comer pollo y, en general, hambrear.
Parece absurdo, pero es lo real. En el pasado, y en la referencia de otros países que tienen voto desde el exterior en distintas modalidades, es una minoría la que acude al llamado de elegir funcionarios para sus países; pero aquí la expectativa del gobierno es que la población salvadoreña en el exterior votará masivamente.
Otros se preguntan, y me identifico con esa pregunta especulativa: ¿de verdad creen que así ocurrirá o es que piensan en manipular los datos para asegurar la presidencia y diputados?
Una fuente de inseguridad, en el caso del voto desde el exterior, es la inexistencia de un registro electoral confiable, que pasa por la publicidad del padrón antes de empezar a votar, pasa por la posibilidad de consultarse como ciudadano si su nombre esta correctamente registrado y hacer, en tiempo, un reclamo si eso no está correcto; incluso, tener la posibilidad de solicitar cambio del centro de votación asignado por el TSE, siempre dentro del mismo municipio.
En esta ocasión se desconoce cuántos pasaportes existen, desde qué épocas estos pasaportes se van a admitir para ir a emitir el voto a un consulado de los casi doscientos que existen en los diferentes países del mundo, pues la ley del voto desde el exterior abrió la posibilidad de que tanto el DUI como el pasaporte no necesitan estar vigentes.
Esto permitiría que una persona tenga DUI y tenga pasaporte vencido extendido en la época en que el documento para emitir pasaporte era la Cedula de Identidad Personal que extendían las municipalidades. Esta persona, si forma parte de la maquinaria de fanáticos del régimen podría votar con DUI y con pasaporte vencido.
Si una persona con DUI que consigna domicilio en el exterior vota por internet antes que el TSE cierre el padrón electoral, puede además ir a votar presencialmente con pasaporte a un consulado.
¿quién asegura que estas cosas que constituirían un verdadero fraude y delito penal no ocurran?
El TSE debió, al menos, expresar su preocupación por la forma en que la ley les obliga a actuar, dejando vacíos para el cometimiento de fraude principalmente desde el exterior, con el tipo de facultades que a esa parte de salvadoreños le deja la ley.
Un alto presupuesto para voto desde el exterior no garantiza la seguridad del voto, si eso fuera lo que se pretende. Y lo mas caro es perder la democracia.
La ciudadanía, los partidos políticos, la junta de vigilancia electoral, tenemos el deber de ser más vigilantes y recobrar capacidad de análisis de estos problemas, dejar de ver pasar las arbitrariedades que comete la Asamblea Legislativa al legislar.
Su potestad no está por sobre los derechos que en la Constitución se otorgan y de los mandatos expresos, como el mandato de que debe existir un solo registro electoral.
Parece que nos estamos acostumbrando a soportar cada arbitrariedad. La de extender el periodo de cambio de domicilio es uno de esos abusos que impide que se pueda fiscalizar el Registro Electoral, y la fiscalización es un derecho de los partidos políticos consignados en la Constitución.
