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Luis Arnoldo Colato Hernández
Las diferentes bancadas legislativas, y en el transcurso del día 27 del mes en curso, decidieron conservar el modelo administrativo de pensiones fracasado, heredado de la administración Calderón Sol, que cuesta al soberano $246,000.00 diarios, $88,560,000.00 anuales; que impone una carga negativa al presupuesto de 2018 de $626 millones, que no generará ningún beneficio pero sí para las administradoras, que sumarán de esta cifra más lo devengado del sistema bancario en dividendos de los créditos otorgados entre privados, sin que ello beneficie a los trabajadores pero sí a las AFP.
Y es que las administradoras son en esencia entidades crediticias que tienen por clientes a la banca y el Estado, donde los primeros orientan las aportaciones a sus portafolios crediticios, mientras el Estado debe de nuevo y para sostenerlo, prestar los dineros que genera, endeudándose en un círculo vicioso sin fin para sostener al sistema que no administra, pero que es una carga para sí (las AFP se fundan en 1995 colapsando en 1998 al agotar las reservas técnicas, lo que impone a la administración Flores la reforma que ahora agobia al Estado, ya que le obliga a sostener el modelo privado), lo que se traduce en una ganancia neta para estas de 4 veces más lo que la banca se agencia – Asafondos -, que sin embargo no beneficia al trabajador, el cual no incide en el sistema, que a su vez ha generado alrededor de $7 mil millones (Cedeval) en ganancias netas para las administradoras sin apenas hacer nada.
Sin hacer nada pues todo es un cálculo establecido desde su origen [socializando los costes, privatizando los beneficios].
Pero además lo ocurrido el día 27 refleja lo vacío de nuestra democracia, puesto que el soberano se ha pronunciado en contra de conservar el modelo por medio de una sostenida campaña para lograr la supresión de las administradoras, en eventos como la marcha del 24 de agosto en el que se manifestaron hasta 20,000 personas en contra, o el jueves 21 del mes en curso, cuando una cifra similar se reunió en las calles demandando a la asamblea no conservar el modelo, silenciado y minimizado por los grandes medios, además de relativizado por la oposición o sus analistas.
Y es que, a pesar de que la población que aporta al sistema no supera el 21% de la económicamente activa, para que el sistema sobreviva el Estado y a través de créditos al mismo, deberá endeudarse con este, generando el círculo del que arriba hablamos, y que todos, incluso los que no aportan al sistema, deberán pagar para sustentar.
Allí está el perverso beneficio privado, en la obligación derivada de este enredo legal a sostener al modelo, confiando que el 79% restante de la población no se inmute, como lo ha hecho, enriqueciéndose más sin hacer apenas nada, favoreciéndose de la pobre resistencia legislativa, la complicidad de los medios y, lamentablemente, el silencio incomprensible de un buen segmento de la población.
