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César Ramírez
@caralvasalvador
En el año 2003 se informó del Síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) una enfermedad respiratoria aguda viral, causada por un coronavirus asociado al SRAS (SRAS-COv), se propagó por dos docenas de países Suramérica, Europa y Asia, antes que se pudiera contener el brote global en 2003, luego en el año 2012 se reportó en Arabia Saudita el Síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) es una enfermedad respiratoria grave que involucra principalmente el tracto respiratorio superior, causa fiebre, tos y dificultad para respirar, se propagó a otros países.
Y ahora el “coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), fue descubierto y aislado en Wuhan, China y ha causado la pandemia de 2019-2020 (…) estos eventos citados tienen el propósito de fijar las fechas del surgimiento de éstas enfermedades transmisibles, el primero hace 17 años, el segundo 8 años y el último meses; las naciones asiáticas lograron acumular una memoria específica de tales eventos, México ha logrado un plan de salud en base a la memoria de epidemias respiratorias, que ahora aplica con éxito.
En El Salvador no hemos conocido de eventos similares, no obstante, la condición de los derechos humanos se asocia con el tratamiento a la enfermedad (la causante principal del fenómeno y no las personas) de tal manera que La Alta Comisionada/ONU Derechos Humanos Michel Bachelet señala: “insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos”. “Hay que tomar medidas urgente para evitar que el COVID-19 cause estragos en las prisiones”, “se alivien las sanciones para facilitar a los sistemas sanitarios la lucha contra el COVID-19 y limitar el contagio a escala mundial”, “la respuesta debe basarse en los derechos humanos” (Abril 2, 2020). En El Salvador la pandemia no debe ser excusa para suprimir los derechos constitucionales, indicados por la Sala Constitucional de la CSJ.
La crisis es sanitaria, pero ahora observamos que se convierte en una crisis institucional, un conflicto visible entre los preceptos defendidos por la Sala Constitucional y no el Gobierno, puesto que se impone un Estado de Excepción disfrazado de un régimen de salud; el rostro visible de estos atropellos se observa en los sitios de cuarentenas, en los albergues o el acceso a la información de los afectados…
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