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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Hay que poner atención más seria a la auto-sostenibilidad del país, y los ministerios de Agricultura (MAG) y Medio Ambiente (MARN) y la Presidencia de la República reflexionen sobre esto”, dijo Mauricio Sermeño, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en relación al impacto que dejará la pandemia mundial del COVID-19 en el país.
En víspera de conmemorar el “Día Internacional de la Biodiversidad”, el próximo 22 de mayo, la Organización de las Naciones Unidas busca motivar acciones que beneficien las especies, genes, ecosistemas y toda forma de vida del planeta. Ante esto, Sermeño consideró importante pronunciarse sobre la problemática actual por el impacto del COVID-19, en la que incidió la “conducta humana” en el medioambiente, al destruir más allá de los niveles adecuados.
Las medidas de prevención que han afectado a la población de menores ingresos en el área rural, que la constituye la agricultura familiar o subsistencia y pequeños agricultores, versus la continuidad del cultivo de la agroindustria como la caña de azúcar, que continúa siendo “violenta en su accionar”, explicó Sermeño, porque descuaja zonas arboladas y sobre explota el recurso hídrico, dejando en situación de crisis a las comunidades.
“Acabamos de pasar el tiempo de sequía grave, que aumentó con los incendios, pero con la emergencia de la pandemia no tenemos información de casos de incendios en la zona rural y a todo esto se le debe poner atención y fortalecer la sustentabilidad alimenticia y la soberanía alimentaria; debe ser ya prioridad para el Gobierno. Y, en ese sentido, incentivar la agroecología para que las personas vivan en mayor armonía con la biodiversidad”, afirmó.
Sobre el COVID-19 a nivel mundial, que lleva reportados más de 4 millones de contagiados y cerca de 300,000 fallecidos, y que en El Salvador reporta 1,037 casos confirmados, 20 personas fallecidas y 702 casos sospechosos (hasta el cierre de esta nota), demuestra la magnitud de esta pandemia, señaló Carolina Amaya (UNES). Agregó que genera, además, conflictos sociales en la población que tienen miedo, sufren violencia en sus hogares o no cuentan con fondos económicos suficientes debido al trabajo informal o autoempleo.
“Se deben dictar medidas urgentes para aliviar las dificultades de trabajo y alimentación que está sufriendo el país y la ONU está hablando de proporciones bíblicas y no es exageración; desde el lunes hay gente que está poniendo banderas blancas en sus casas y pasajes, demandando alimentos, en la Alta Vista y Tonacatepeque, esto da una idea de la crisis y el Estado debe atender este problema de inmediato, pero las otras instancias de Gobierno también deben atender las otras crisis de medioambiente, en donde se debe ser enérgicos y efectivas en aplicación de la ley, así como el monitoreo de Áreas Naturales Protegidas, Bosques Salados (manglares) y otras zonas de interés ambiental que están siendo agredidas”, manifestó.
En cuanto a las denuncias sobre la agresión ambiental, Luis González, abogado de la UNES expresó que han recibido reportes de que en Ahuachapán, Sonsonate y otros municipios se mantienen en menoscabo de los bienes ambientales, que las comunidades han estado protegiendo, pero con el confinamiento domiciliario, pues ha habido disminución de vigilancia.
“Las pocas personas que han salido, por causas justificadas, se han dado cuenta de estas violaciones de las leyes de protección ambiental y denuncian; en ese sentido, creemos que el actuar del Ministerio de Medio Ambiente ha sido es pasivo, sin duda comprendemos que la mayoría de entidades gubernamentales están metidas en la emergencia del COVID-19, pero esto no debe ser excusa para dejar de cumplir sus funciones legales, planteadas por las diferentes normativas que dan rectoría. Tenemos una denuncia en tierra de manglares se sigue deforestando, se sigue dañando y muy poco hay hecho para protegerlo, y también el MAG, con su relación a la protección forestal, los permisos y el monitoreo”, indicó.
Ante esta situación, la UNES demandó que se implementen medidas urgentes para aliviar las dificultades de trabajo, alimentación y salud que está sufriendo mucha población en el país. Y sus instancias vinculadas a la protección ambiental deben ser más enérgicas en su accionar ante la tala ilegal, así como impulsar reformas a la Ley Forestal, Ley de Riego y Avenamiento y Ley de Medio Ambiente, que brinde más herramientas a las instituciones para sancionar a quienes dañen al medioambiente.
“Hacemos un llamado a las instituciones de Gobierno a cumplir con sus deberes, sabemos de tala en Juayúa; en San Julián, en la Finca Esmeralda; tala de los bosques salados en Ahuachapán sur, en el territorio del manglar, lo que nos parece curioso, porque para estos depredadores no hay cuarentena domiciliaria, entonces habría que investigar cómo pueden estos depredadores andar fuera de sus domicilios, cuando hay agricultores en pequeño que las autoridades les prohíben salir a sus parcelas cuando se trata de cultivos de subsistencia, eso deben investigarlo urgentemente”, puntualizó González.
