Salvador Arias
QUINTA PARTE
Los LETES y el problema de la deuda
Hemos visto cómo nuestra economía es llevada hacia una trampa de la deuda, a nivel de la deuda país y de la deuda de los diferentes agentes económicos (siendo más grave e irresoluble la del Estado), ahora veremos el impacto de la equivocada política fiscal que viene desde finales del siglo XX y que se vuelve perversa desde inicios del XXI, que consiste en convertir deuda corriente en una de muy largo plazo, lo cual se hace al transformar los LETES (que son un mecanismo de endeudamiento de corto plazo) para resolver problemas de empalme entre la dinámica de ingreso de los recursos tributarios al Estado y su dinámica de gasto. Así, ante la crisis de ingresos del Estado neoliberal (por su perversa y regresiva política impositiva al pueblo, por las privatizaciones, etc.), recurren a enfrentar el gasto corriente con deuda de larguísimo plazo.
Esto también lo apuntamos como conclusión de este análisis de coyuntura del año 2017, cerrando con las perspectivas de la deuda al 2021 y la imposibilidad de su pago, por lo cual deberíamos, más temprano que tarde, declararnos en incapacidad de pago como lo hemos venido advirtiendo desde hace casi 10 años.
El Gobierno se ha visto obligado a recurrir al endeudamiento de largo plazo para afrontar los gastos corrientes que necesita el funcionamiento de la administración del Estado, política que viene con mucha fuerza desde el año 2001, mediante la transformación de LETES en Eurobonos a 20 y 30 años plazo, este es uno de los absurdos más graves de la política fiscal imperante.
El saldo de los LETES ya en junio de 2009 sobrepasaba los 800 millones de dólares y fue necesaria una nueva emisión de Eurobonos (que son deuda de largo plazo) para pagar el monto de la deuda de corto plazo, o sea, de consumo. Este mecanismo ha seguido funcionando así, de modo que se usa endeudamiento de corto plazo para cubrir problemas de liquidez y luego se pagan emitiendo deuda de largo plazo, la cual después se paga con más deuda de largo plazo, con el agravante de que se capitalizan los intereses, lo que ha llevado a lo que nosotros llamamos la trampa de la deuda (Para profundizar en este tema se recomienda leer el libro “La trampa de la deuda: Del sistema capitalista y la economía salvadoreña”).
Se utiliza la emisión de LETES hasta alcanzar el umbral de los US$ 800 millones de y la colocación de Eurobonos (EUROSV) permiten que el saldo de la deuda de corto plazo se estabilice. Se puede observar que la velocidad con la que se alcanza este umbral es cada vez menos; desde la emisión en 2009 utilizada para estabilizar la deuda de corto plazo heredada de la administración de ARENA, pasan tres años antes de ser necesaria una nueva emisión en 2012, y para una tercera emisión bastan menos de dos años, en septiembre de 2014. El año 2016, marcado por un constante bloqueo de la derecha para la financiación del Gobierno, cerró con un saldo de US$1,076 millones en LETES, que se logró amortiguar con la aprobación de bonos, llegando de nuevo a US$726 millones en mayo de 2017.
Según el Ministerio de Hacienda, se necesitaría la inyección de US$ 950 millones para finalizar las operaciones del aparato estatal del presente año. De este monto, US$ 300 millones son parte del déficit fiscal y US$ 650 millones para reconvertir la deuda de corto plazo de los LETES a deuda de largo plazo a través de la emisión de Eurobonos. Después del impago en que la derecha hizo caer al país en abril con los fondos de pensiones, y que hizo caer la calificación de país a CCC, es difícil salir a los mercados con una emisión de bonos este mismo año, debido a que la tasa de interés a pagar sería muy alta.
Esta maniobra a la que se ha visto obligado el Gobierno, de convertir deuda de corto plazo a una de largo plazo por medio de Eurobonos, ha sido la única forma que los bloques de poder tradicional del país le habían permitido utilizar para afrontar problemas de liquidez, pero porque la emisión de Eurobonos del Estado ha sido un negocio para los inversionistas privados que los adquieren. Antes del 2009 las emisiones de Eurobonos se realizaban por debajo de su precio nominal para luego sacar margen de ganancia en los mercados secundarios, esto permitió una ganancia corrupta de más de US$ 141.8 millones. Además, la estructura de funcionamiento de los Eurobonos implica un costo de financiamiento sumamente alto.
En el cuadro siguiente, podemos ver el salto en la amortización de la deuda para el año 2019, esto es un reflejo del vencimiento de los Eurobonos emitidos en 2009, y la previsión es que será necesaria una nueva emisión para pagar dicha amortización. Eso se refleja en el desembolso de deuda que el FMI prevé para 2019.
Las emisiones de los bonos se han realizado con tasas de cupón fijo entre 5.875% y 8.25%, y los plazos varían entre los 10 y 30 años. El vencimiento más cercano es el de la emisión a 2019, por un monto de US$ 800 millones.
Los términos acordados para una nueva colocación de bonos se espera que tenga un mayor costo financiero, en tanto la perspectiva de riesgo del país, por Moody’s, se espera que llegue hasta categoría CCC a inicios del próximo año. Las colocaciones anteriores han estado con calificaciones Baa3 y Ba1.
Con la estructura de administración de los Eurobonos, el cupón fijo semestral implica que al vencimiento de estos se habrán pagado US$ 9,351.6 millones en intereses, sin que haya ninguna reducción del capital principal, de modo que la deuda de US$ 5,640 millones seguirá intacta; es decir que se debe pagar más por los intereses devengados que por el principal prestado. Al 15 de noviembre de 2016 se han pagado US$ 3,464.3 millones en intereses de los bonos vigentes.
Costo fiscal de Eurobonos
(A noviembre de 2016, en millones de US$)
Estas condiciones son las limitantes imputadas por un modelo liberalizado a un comercio internacional sin consideración de asimetrías, en el que se impone una visión teórica sesgada de la realidad social y económica. Un modelo que abre la cuenta de capitales sin considerar el complejo ramal estructural que provoca una fuerte descapitalización de la economía.
Un modelo que utiliza la precarización laboral para insertarse competitivamente en los mercados globales. Un modelo cuya culminación se encuentra representado en la imposición monetaria de la dolarización y los TLC.
En el cuadro “Previsiones del servicio de la deuda” también podemos ver la dinámica de endeudamiento de la economía nacional, a nivel del Sector Público No Financiero, el cual llega a una taza de endeudamiento, con relación al PIB, del 73.2%, subiendo 10 punto en este índice únicamente en 5 años, o sea, en el período 2017-2021.
Si en el año 2015 la deuda país era de US$ 59,292 millones, equivalente al 238% del PIB, asumiendo que el resto de los agentes mantienen su nivel de endeudamiento, solo con el incremento de la deuda del SPNF de US$ 7,666 millones entre el año 2017 y el 2021, la deuda país pasaría a US$ 66,958 millones, es decir, impagable, y sin duda esta deuda será mayor, porque la deuda de los hogares y las empresas con toda seguridad continuará incrementándose, como resultado de que en el marco de la imposibilidad de reactivar la economía, la demanda tendrá que seguir financiando con créditos, tanto internos como externos, pero al final todo será incremento de deuda externa si seguimos dolarizados.
Los costos sociales y económicos de este modelo han condenado al bajo crecimiento la economía y se seguirán incrementando, por lo que se vuelve necesaria la construcción de alternativas. Sin embargo, una transformación real de esta esfera no puede ser simplemente realizada por la burocracia estatal, en tanto el Estado se encuentra sujeto a las leyes del modelo de acumulación.
Esto implica que un proceso de cambio de este modelo neoliberal debe estar impulsado por los sectores populares (la clase trabajadora organizada, las comunidades, etc.).
Se necesita transitar en el camino de una reforma fiscal completa, una revisión de los acuerdos de liberalización, los esquemas de incentivos a sectores productivos, la estructura y origen de la deuda contratada e, incluso, la reversión de la dolarización y, por lo tanto, la transformación total del régimen monetario, regresándole al BCR todas las capacidades para regular y utilizar adecuadamente el sistema monetario del país, para la recuperación y desarrollo de nuestra economía.