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@JoakinSalazar
El Instituto de Facilitación de Trámites, denominado INDEFÁCIL, creado por el Decreto Legislativo número 782 de la Ley de Simplificación Administrativa riñe con acuerdos y compromisos internacionales, motivo por el cual, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén vetó dicho Decreto.
El acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa “riñe con el compromiso del gobierno respecto a la promoción de la inversión y el empleo, a través de la mejora en el clima de negocios, porque crea una nueva institución pública y no incluye el análisis de la regulación dentro de las atribuciones detalladas en esa normativa”, explicó el Gobierno salvadoreño a través de un comunicado.
Y es que los parámetros jurídicos por los que decidió vetar el decreto son, en sí, la creación del INDEFÁCIL, institución autónoma adscrita a la Presidencia de la República, la cual “difiere con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de El Salvador”.
EL OMR tiene como finalidad fortalecer y concentrar en una institución la tarea de mejora regulatoria y simplificación de trámites, mientras que, según el Mandatario, la creación de INDEFÁCIL busca únicamente vigilar la simplificación de trámites y la atención a los usuarios de la administración pública.
Asimismo, explica “el OMR cuenta con el respaldo de la Corporación del Reto del Milenio, que en el marco del convenio FOMILENIO II estableció como una ‘obligación para el Estado salvadoreño’ crear una institución permanente, por ministerio de ley, facultada para el proceso de revisión y priorización regulatoria para mejorar el clima de inversiones”. Motivo por el cual Sánchez Cerén afirma que “contraría el compromiso asumido por el Estado y desaprovecha el respaldo brindado por la MCC a la iniciativa del OMR, a través de FOMILENIO II”.
Asimismo, entre los argumentos del Presidente destacan las facultades que se le confieren a INDEFÁCIL de aprobar normativas aplicables a toda la administración pública.
El Mandatario explicó que INDEFÁCIL “afectaría el ordenamiento jurídico, dado que se convertiría en un legislador más del Estado y podría vulnerar la competencia de otras instituciones”.
El Presidente considera que generaría conflictos con instancias públicas que ya tienen responsabilidades en temas de facilitación de trámites, como el Ministerio de Economía, el OMR y el Comité de Facilitación de Comercio.
De igual manera, el decreto vetado mandata “la creación de nuevas unidades organizativas dentro de las instituciones públicas (unidades de atención al usuario y creación de ventanillas únicas), así como la disposición de recursos tecnológicos, lo cual requeriría la contratación de bienes, servicios y personal adicionales”.
Esta situación contraviene “las medidas ordenadas por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia orientadas a evitar la aprobación de gastos que no guardan coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado”, argumenta la Presidencia.
También, Sánchez Cerén consideró que el decreto vetado desarrolla un régimen sancionatorio que no satisface postulados esenciales del Derecho Administrativo Sancionador. Tras considerar que contraría la prohibición de doble juzgamiento o de múltiple persecución.
Finalmente, el Mandatario anima a la Asamblea Legislativa para avanzar en la discusión y búsqueda del consenso político para aprobar la Ley de Procedimientos Administrativos, presentada el cinco de diciembre de 2016 por el Ministerio de Economía.
Y es que en dicha entidad se busca asegurar los derechos de la persona frente a la administración pública y tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de las actuaciones de toda la administración pública y sus funcionarios.
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