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Santiago/AFP
Chile lanzó este lunes una unidad especial dedicada a recabar información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, con el fin de desterrar posibles ‘pactos de silencio’ dentro de las Fuerzas Armadas.
La unidad, a cargo del Ministerio de Defensa, es la respuesta del gobierno de la socialista Michelle Bachelet ante las acusaciones sobre la poca colaboración del Ejército en la entrega de información sobre los crímenes de la dictadura (1973-1990) que aún se mantienen impunes.
«La tarea que vamos a desempeñar en esta unidad es la de recibir las peticiones que realizan los tribunales y enviarlas y focalizarlas a distintas ramas» de las Fuerzas Armadas, explicó el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, en rueda de prensa este lunes.
A cargo de la unidad estará el exmagistrado de la Corte Suprema Alejandro Solís, conocido por investigar emblemáticos casos que involucran a la Policía Política de la dictadura de Pinochet (DINA), a la que se le atribuyen la mayoría de las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura.
La Unidad se enfocará en «facilitar, colaborar para que la información sea oportuna y precisa», aunque no tiene facultades para investigar, cuestión que seguirá a cargo de los tribunales de justicias, explicó el ministro Gómez.
‘Pactos de silencio’
La justicia chilena investiga hoy unos mil procesos judiciales por secuestros, asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por agentes del régimen militar, algunos por más de 10 años y con un escaso avance por posibles ‘pactos de silencios’ que se mantienen vigentes al interior de las Fuerzas Armadas, según denunciaron familiares de víctimas.
Pero, de acuerdo al exjuez Solís, «el Ejército actual ha hecho y las Fuerzas Armadas han hecho un esfuerzo importante en entregar información».
Uno de estos ‘pactos de silencio’, permitió que se mantuviera en la impunidad el caso de dos jóvenes, de 18 y 19 años, quemados vivos en 1986. Una patrulla militar los detuvo, golpeó y empapó de gasolina antes de prenderles fuego en una jornada de protesta nacional convocada en contra de la dictadura de Pinochet.
A 29 años de ocurrido el caso y pese a que uno de ellos sobrevivió y relató a la justicia como ocurrieron los hechos, solo la confesión hace un mes de uno de los conscriptos que formó parte de la patrulla militar permitió que 12 exoficiales y suboficiales del Ejército chileno fueran arrestados y acusados por el homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas y dejar herida grave a Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió tras quedar con más de 60% de su cuerpo quemado.
El caso reflotó una acusación que pesa desde hace años y que afecta principalmente al Ejército chileno: el ocultamiento de información sobre violaciones a los derechos humanos, especialmente sobre el destino de un millar de víctimas que aún permanecen desaparecidos.
«Acá está probado que hubo una maquinaria para mentir», acusó Carmen Gloria Quintana sobre el Ejército chileno, mientras la presidenta Bachelet abogó por el fin de la impunidad:
«Así como en septiembre de 2014 dije que era necesario que quienes tuvieran información sobre las violaciones a los derechos humanos, civiles o militares, la entregaran antes de que fuera demasiado tarde, hoy quiero reiterar ese llamado a quienes tengan información, porque basta de silencio», señaló hace dos semanas Bachelet, cuyo padre murió en 1974 víctima de las torturas infligidas por la dictadura de Pinochet.
