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Yaneth Estrada
@caricheop
Con la voz entrecortada, Alexandra Aquino Fhigt, hija de padre desaparecido en la pasada guerra civil de El Salvador (1980-1992), relató que fue el 15 de abril de 1981, cuando miembros de la Policía Nacional llegaron a su casa en San Salvador “y se llevaron a mi padre Mauricio Aquino Chacón. Yo tenía a penas 18 meses de vida, desde entonces nunca más lo volví a ver”.
Con la Firma del Acuerdo de Paz en 1992, la Comisión de la Verdad documentó cinco mil desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992, pero gracias al trabajo de las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, a lo largo de estos años se recopiló más información, la cual permite estimar que la cifra de desaparecidos en la década de los ochenta es de más de diez mil personas.
Por eso como una deuda histórica y como un compromiso para no repetir los errores del pasado, este día el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, presentó el Decreto Ejecutivo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en contexto conflicto armado.
Los familiares de los desaparecidos esperaron cerca de 30 años para ser escuchados luego de acudir a instancias nacionales e internacionales. Asimismo, en 2007, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, recomendó la creación de un mecanismo eficaz para la búsqueda de personas desaparecidas, con la participación real de la sociedad civil organizada.
“Con CONABUSQUEDA reafirmamos nuestro profundo compromiso de saldar la deuda histórica con víctimas de desapariciones forzadas en el país”, reafirmó el Mandatario.
Agregó que “la reconciliación de nuestra sociedad pasa por apoyar todos los sectores y órganos del Estado, a CONABUSQUEDA”. Además añadió que junto a esta medida también se impulsará una campaña de memoria histórica para que las nuevas generaciones conozcan el legado de este país.
Sánchez Cerén recalcó que “somos fieles a nuestra decisión de tener un país en paz y reconciliación, que construye su futuro sin ignorar el pasado”.
El compromiso oficial de crear una Comisión Nacional de Búsqueda se hizo público en el marco de la visita de una delegación formada por jóvenes salvadoreños-estadounidenses, hijos e hijas de padres desaparecidos, el Congresista estadounidense demócrata James McGovern y líderes del sector religioso, académico y de derechos humanos de Estados Unidos en enero de este año.
Los miembros de la delegación, junto a los grupos de víctimas del conflicto armado y organizaciones de sociedad civil en El Salvador, incluido DPLF, presentaron una propuesta técnica para la creación de una Comisión de Búsqueda, como punto de partida para el diálogo participativo.
Esta Comisión será una entidad formada por tres Comisionados o Comisionadas independientes e idóneos, con facultades legales para recibir y requerir información sobre el paradero de los desaparecidos, que proporcione atención integral a las víctimas y con capacidades genético-forenses especializadas.
“Yo agradezco al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén por este Decreto, porque como muchos hijos e hijas de padres desaparecidos he vivido en una angustia por no saber dónde están los restos de mi padre y no poderlo sepultar, no hay día en mi vida, cuando no piense en mi padre”, sostuvo Fhigt, quien viajó desde Estados Unidos junto a su madre y padrastro.
De acuerdo a los especialistas, desde el 2018 iniciarán las labores de búsqueda de estos más de 10 mil desaparecidos para ser entregados a sus familiares.
