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Por Rodrigo Almonacid
Bogotá/AFP
La violencia crecía en el marco de un paro de camioneros en Colombia, que comenzó hace más de un mes y que deja varios heridos, entre ellos un gobernador, además de denuncias sobre el fallecimiento de un manifestante.
«No cederemos al chantaje ni a la violencia, como lo vivido por el gobernador de Boyacá», afirmó el presidente Juan Manuel Santos, en alusión al accidente ocurrido el martes al mandatario regional Carlos Andrés Amaya, cuando se dirigía a una reunión con transportadores.
Amaya resultó herido en la vía entre la capital departamental Tunja y la ciudad de Duitama, a unas dos horas de Bogotá, en un accidente vehicular.
Según un comunicado de la gobernación, que cita testigos, su caravana colisionó por «los obstáculos puestos en la vía por los manifestantes».
El director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, aseveró de su lado que «alguien de la concentración» de los camioneros «al parecer arrojó una piedra contra el primer vehículo de la caravana», el cual perdió el control y chocó contra un bus.
Además del accidente de Amaya, quien al igual que otras cinco personas de su comitiva sufrió lesiones en varias partes del cuerpo pero está fuera de peligro, las autoridades investigan el fallecimiento de una persona presuntamente en el marco del paro.
Líderes de la protesta dijeron, durante una rueda de prensa en Bogotá, que lo ocurrido con el gobernador fue un «accidente» al margen de las protestas, a la vez que denunciaron el «asesinato» de un manifestante en el departamento de Boyacá, en el centro del país.
«Tenemos que denunciar ante la opinión pública y lamentar profundamente el asesinato de un compañero manifestante, en Duitama, en Boyacá, en manos del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía), que le dispara un arma de fuego o un arma de las que ellos utilizan de dotación oficial en la cara y obviamente fallece», declaró Luis Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).
«Fallece luego de que el señor presidente de la República ordena a las fuerzas militares militarizar las carreteras», denunció también Ramírez, al asegurar que su manifestación es «pacífica».
Investigan a líderes
Desde la semana pasada, la Fiscalía ha procesado a 28 manifestantes por delitos como lesiones o daño en bien ajeno, a la vez que investiga a seis líderes de los transportistas por terrorismo, concierto para delinquir y obstrucción a vías, en hechos ocurridos durante el paro, según explicó el fiscal general, Jorge Perdomo.
El titular del ente acusador dijo que los indagados lideran la organización de una protesta «que se está convirtiendo en una actividad abiertamente delictiva».
«Aquí no se trata de unos espontáneos que están saliendo a las carreteras con sus camiones a bloquear las vías (…) aquí hay una organización», enfatizó.
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar, uno de los investigados por la justicia, atribuyó este martes a «un accidente de tránsito» lo ocurrido con Amaya y negó que los transportistas tengan responsabilidad alguna en el suceso.
Según dijeron a AFP fuentes de la ACC, que lidera las protestas, por el accidente de Amaya el gobierno se levantó de la mesa de negociación en la que las partes buscaban desde hace semanas soluciones para levantar el paro.
En una declaración, Santos pidió un aumento del pie de fuerza y la captura de «los responsables de las amenazas y violencia».
«El nivel de agresividad de esta protesta subió notoriamente (…) Hemos tenido 12 intentos de bloqueo (de vías) en distintas regiones del país» entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, dijo por su parte el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa.
El funcionario afirmó que se han «militarizado» las carreteras con 23.000 soldados y policías para garantizar la seguridad de las vías y el abastecimiento de pueblos y ciudades.
La Defensoría del Pueblo condicionó su continuidad como mediadora a que cesen los actos de violencia y «haya una verdadera voluntad de las partes para solucionar esta problemática», que ha generado «desabastecimiento», escasez de combustible y alza en el precio de productos en algunas regiones.
El paro, que se inició el 7 de junio, busca la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores, seguridad en las vías, baja en el costo de peajes y combustibles, entre otros reclamos.
Además, los transportistas cuestionan el incumplimiento de pactos anteriores por parte del gobierno.
