Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR), en conjunto con organizaciones sociales, indicó que 5.8 millones de centroamericanos sufren inseguridad alimentaria aguda, frente el impacto social y económico a consecuencia del COVID-19.
Los grupos con mayor afectación son especialmente las mujeres, hogares con menores ingresos, y pueblos indígenas, sectores que “enfrentan mayores niveles de exclusión del derecho a la alimentación.
La CRGR presentó su posición para la construcción de mecanismos nacionales y regionales respecto a problemas sociales como el desplazamiento forzado, la inseguridad alimentaria, violación a los Derechos Humanos y los efectos del cambio climático en la región.
Adalberto Blanco, de la CRGR, reveló que el modelo económico actual ha generado condiciones de desigualdad, depredación, extractivismo y condiciones que no son aptas para el entorno de la población, por lo cual es necesario un modelo que mejore la calidad de vida de las grandes mayorías.
“Proponemos un modelo que se enfoque en el sustento de la vida, modelos productivos basados en la soberanía alimentaria, de prevención y gestión integral de desastres basados en la proyectividad, anticipándonos a los posibles daños y afectaciones que podamos tener, alejándonos de los monocultivos, el uso excesivo de los tóxicos y la minería metálica”, sostuvo Danilo Valencia, represente de la CRGR en El Salvador.
Para la creación del modelo es necesario el apoyo de los países de la región centroamericana, con medidas para generar y poner a disposición recursos financieros que resuelvan las necesidades en las zonas de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, Hugo Zelaya, de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgos de Honduras, aseguró que en los modelos económicos implementados por los gobiernos son limitadas las políticas públicas orientadas a favorecer a las grandes mayorías, mismas que se ven interrumpidas por la corrupción y el desvió de fondos que tiene como objetivo
incidir en los efectos de las problemáticas.
“Es urgente y realmente necesario que los organismos internacionales comiencen a poner el ojo en las organizaciones sociales para que los fondos asignados realmente puedan llegar a estos espacios y por dar respuestas a las múltiples necesidades diarias”, dijo Zelaya.
Asimismo, se hizo énfasis en las “pandemias silenciosas”, como la violencia, violencia intrafamiliar y feminicidios que acontecen a los países de la región, problemáticas que, presentaron un aumento debido a la pandemia del COVID-19.
La CRGR engloba más de cien organizaciones regionales, enfocadas en la gestión de riesgos de comunidades vulnerables en Centroamérica, mediante la gerencia de cinco
mesas nacionales, con el objetivo de desarrollar territorios más resilientes, seguros y sustentables para la población.
