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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
En un periodo de seis meses estarían siendo trasladados más de $3.5 millones en las facturas eléctricas de los salvadoreños, si la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) no acepta la impugnación del recargo. En diciembre de 2018, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones avaló la resolución 112-2018 emitida por la CRIE, en la cual se aprobó la creación del Cargo por Restricciones Nacionales (CARN), para acumular los montos de los países responsables y evitar que la Cuenta General de Compensación tuviera déficit. La Unidad de Transacciones determinó que a los consumidores finales se trasladarán $3,569,043.28 en seis cuotas mensuales.
Hace un mes, la Defensoría del Consumidor interpuso un recurso ante la CRIE para revertir esta medida y evitar que la población salvadoreña sea afectada, sin embargo, continúa sin obtener respuesta. Un costo adicional de $1.12/MWh sería aplicado en la tarifa de energía.
El titular de la Defensoría, Ricardo Salazar manifestó que el cargo “no debe ser trasladado a los usuarios finales debido a que no esta vinculado a ningún aumento en los costos de generación, a un mejoramiento en la infraestructura de inversión, ni de la calidad del servicio a través de las distribuidoras”. “El tratado marco tiene como último fin el beneficiar a los usuarios del suministro de energía eléctrica y con estos cobros indebidos no se está alcanzando este propósito”, agregó el funcionario, en la entrega de certificación de Smart Campaign al Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
“Esperamos que otras entidades financieras puedan emular esta importante iniciativa con la certificación Smart Campaign para elevar los estándares de competencia y transparencia a favor del consumidor financiero”, expuso.
El BFA se convirtió en el primer banco del país y el octavo en América Latina en recibir la certificación, una calificación de reconocimiento internacional que “permite demostrar que sus acciones están orientadas a mejorar”.
