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El crimen de la niña Katya Miranda, cialis cialis violada y asesinada en 1999, buy cialis cialis sale en una playa salvadoreña, sick será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras un fallo judicial que ordenó la libertad de los convictos, incluido el abuelo de la menor, Carlos Miranda, anunció el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. “Este resultado abre la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, revise la actuación del Estado salvadoreño, y yo voy a apoyar esa demanda ante la Comisión”, advirtió Morales, en una entrevista en la estación radial YSKL.
Morales explicó que el caso de la niña de nueve años no había sido llevado antes a la instancia internacional, porque “estaba operando la Justicia interna, pero en la medida que la Justicia Interna ya falló, puede avanzar el caso en el Sistema Interamericano”.
Una Cámara de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó liberar el miércoles al abuelo de la menor y a otras cinco personas, mozos de un rancho playero familiar, condenados a 13 años de cárcel, luego de ser hallados culpables del “secuestro” de la infante.
El abuelo de la niña había sido absuelto años atrás de los delitos de “homicidio” y “violación” contra su nieta, por un tribunal de Zacatecoluca, cabecera del central departamento de La Paz.
Los Hechos
Katya Miranda, cuyo crimen ha conmocionado a los salvadoreños, fue violada y asesinada el 4 de abril de 1999, cuando fue extraída durante la madrugada de ese día de una tienda de campaña que había sido instalada en el patio del rancho propiedad de su familia, en la playa Los Blancos, en el departamento de La Paz.
En el rancho playero se encontraban, además de su abuelo, su padre, Edwin Miranda, entonces Jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor Presidencial, responsable de la seguridad del Presidente Armando Calderón Sol, así como su tío, Godofredo Miranda, quien fungía como Segundo Jefe de la División de Investigación Criminal, (DIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otras personas.
La violación y asesinato de la niña, quien murió asfixiada cuando sus verdugos restregaron su rostro contra la arena, fue hecho público por su madre, Hilda Jiménez, quien desmintió la versión oficial de que la niña había muerto por ahogamiento, luego de que las autoridades trastocaran las pruebas, según reportes judiciales.
Morales dijo que aún desconoce de manera oficial la resolución de los magistrados suplentes de la Cámara de lo Penal que ordenaron la liberación de los condenados.
Sin embargo, el funcionario anunció que cuando tenga el documento en sus manos lo analizará, porque “probablemente nos darán evidencias de las incoherencias en la investigación y las graves negligencias anteriores que pueden estar ocasionando este lamentable resultado de impunidad”.
El funcionario recordó que el Estado salvadoreño ha sido condenado por la CIDH en otros casos, como la masacre de El Mozote (Morazán, 1980), el secuestro por el ejército de las hermanas Serrano (Chalatenango) y el asesinato por sicariato de Ramón García Prieto (1994).
Advirtió que las resoluciones de la CIDH deben ser cumplidas por los Estados condenados para no ser sometidos a sanciones internacionales y que, en el caso de El Mozote, de la que el ex presidente Mauricio Funes pidió perdón, el Estado salvadoreño debe continuar con las investigaciones del caso.
Reacciones
El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, así como otros parlamentarios de la Asamblea Legislativa, reprobaron la decisión judicial que ordenó la liberación del abuelo y los otros cinco convictos del secuestro de la menor.
“Hay luto e indignación en la sociedad salvadoreña, porque esa noticia (la liberación del convictos del delito de secuestro), nos genera un gran desaliento, arroja una vez más dudas sobre los valores que están privando en el Sistema de Justicia”, exclamó Reyes al conocer la resolución de la Cámara de lo Penal.
Reyes consideró que el Órgano Judicial ha dado “un desolador mensaje” con la liberación de los seis responsables del secuestro de la menor, “que indica que la impunidad sigue teniendo más fuerza que la Justicia en El Salvador”.
“Estoy viendo la depuración (del Sistema Judicial) desde hace algún tiempo, a todo nivel, desde la cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia, hasta el último de los jueces”, advirtió el parlamentario del oficialista FMLN.
“Se están dando situaciones que, prácticamente, nos hacen perder, como pueblo, la esperanza en que la Justicia se aplique como no es correcto”, dijo el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino.
El parlamentario expresó que la resolución de la Cámara de lo Penal “ha causado tremenda indignación y malestar” entre los salvadoreños, porque “ha revocado un caso que ya estaba concluido y, en una maniobra sospechosa”.
Al igual que Reyes, Merino advirtió al Órgano Judicial que “algo hay que hacerse”, porque en el Sistema Judicial “hay intereses que han venido impulsando legislaciones que no son aplicables para la realidad salvadoreña”.
Ana Vilma de Escobar, legisladora por la opositora ARENA, recordó que el caso del crimen de la niña Katya Miranda fue “siempre poco transparente” y ahora queda en la “impunidad”, porque no ha llegado a “un feliz término”.
