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Oscar A. Fernández O.
Araíz de la divulgación de una reunión “secreta” entre las pandillas y altos dirigentes del partido ARENA, viagra podemos comprobar una vez más una serie de juicios que indican la magnitud de la conspiración de las oligarquías fascistas contra los gobiernos democráticos en América Latina, view en este caso el del FMLN. Su descaro y doble moral ratifican la calidad de la conducta política que les ha antecedido siempre, desde el momento en que fue fundada esta organización. Entiéndase, que este no es un desliz de unos cuantos personeros de arena, sino es su naturaleza proclive al delito, los hechos que podríamos exponer son innumerables.
La amenaza del crimen organizado se expresa con mayor gravedad en aquellos países que combinan una alta densidad delictiva con una larga historia de violencia e ilegalidad – socialmente acumulada (Léase 60 años de Dictadura y veinticinco años de corrupción del poder liderado por ARENA) La densidad criminal o delictiva, la definiremos como la existencia de organizaciones ilegales, con presencia territorial, que cuentan con recursos financieros y armados suficientes para desafiar (con violencia o corrupción) la institucionalidad
¿Cuáles son las dinámicas que están detrás del reordenamiento de las redes criminales y los poderes fácticos y políticos conservadores? ¿Qué ha llevado a los grupos criminales a incursionar en otras actividades ilegales? ¿Qué explica que busquen aliarse con sectores reaccionarios para realizar la sedición contra la institucionalidad? 1. Los vacíos de poder que resultan de la implosión de las estructuras criminales por la acción del Estado en su contra. 2. La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales. 3. La emergencia de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda constante de productos y servicios ilegales. 4. Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposición de redes clandestinas y conspirativas en contra del Estado.
En este sentido, un asunto central es entender que el crimen organizado no se define como la existencia de una estructura específica, sino como un sistema de imbricadas relaciones. «El mundo de la delincuencia transnacional y el mundo de la gente normal son dos caras de una misma moneda; es más, se alimentan mutuamente. Aquello que creemos combatir fuera de nosotros se encuentra dentro de nosotros, en nuestra vida cotidiana, aunque no seamos conscientes de ello». (R. Scarpinatto, 2000)
Desde donde se le quiera ver, esta es una situación que exige ser enfrentada de una manera más inteligente y compleja de cómo lo hemos venido haciendo. Implica también revisar la capacidad del Estado (nótese que no digo Gobierno), que como hemos asegurado y probado en otros escritos, ha sido debilitado por el ajuste estructural neoliberal y la corrupción de poderes de facto ligados al gran crimen organizado, que hoy confabulan contra la sociedad salvadoreña.
Durante las décadas de la posguerra fría, las organizaciones criminales transnacionales tendieron a explotar, progresivamente, la difusión mundial de sofisticadas redes financieras, de información, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y transporte. Los ingresos derivados del mercado mundial de las drogas experimentaron un salto tan grande que han dado a las organizaciones delictivas transnacionales una porción enorme de riqueza, y por lo tanto de poder global, mayor que la de los Estados y las multinacionales más grandes.
Las mafias y redes delictivas en América Latina expandieron la escala y el alcance de sus actividades. Para operaciones determinadas, constituyeron flexibles alianzas entre sí y con elementos violentos locales, remanentes de la posguerra y en el caso de El Salvador, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, con los poderes fácticos hoy desplazados del poder político, alentando complots contra gobiernos progresistas.
Por su parte, en el caso de las llamadas pandillas, nos enfrentamos a una suerte de lógica tribal que ha usurpado pequeños territorios marginados y excluidos por un Estado que se rediseño en función de viabilizar las nuevas formas de acumulación capitalista y se alejó de la gente. Estas estructuras criminales bastante primitivas, en el caso de El Salvador, son utilizadas para propagar el terror y la zozobra entre la población.
A través de las distintas formas de crimen organizado, se corrompen a los líderes políticos decadentes o corruptos, se infiltran en bancos y grandes empresas y financian a grupos como las pandillas, dotándolos de armas y en varios casos con pertrechos de guerra, para controlar extensas áreas geográficas, de carácter estratégico. Sus fuentes de ingresos son el narcotráfico, la trata de blancas y de niños, el fraude financiero, el chantaje y diversas formas de contrabando: drogas, humano, armas ilícitas y tecnologías militares convencionales.
El Salvador ha sido uno de sus territorios de expansión. La oligarquía ultraderechista necesitaba del apoyo de estas mafias, para poder meterse sin mucha desventaja a la transnacionalización de la economía. Hoy la utilizan para desestabilizar al gobierno del FMLN y fabricar la imagen de un «fracaso», pretendiendo con ello «recuperar» la conducción del Estado.
Ya lo han intentado por medio de ensombrecer las elecciones; lo han intentado haciendo que la Sala de lo Constitucional de la CSJ, legisle (una función que no le corresponde) y modifique la Cn. para entrampar al Gobierno y a la A.L.; lo intentan por medio de un boicot económico, ahora lo intentan desacreditando nuestras políticas de seguridad y de otras maneras más peligrosas como usar a algunos personajes desafectos al FMLN para darle estatus de lucha legítima al accionar de los grupos pandilleriles.
En El Salvador, toda esta acción para perturbar los propósitos de buen gobierno del FMLN, eufemísticamente llamada «oposición democrática», redunda en una sistemática desestabilización del Estado y está ligada a la concreción de los ya conocidos «golpes blandos» o «silenciosos», hijos de una conspiración ultraconservadora desarrollada en América Latina.
La estrategia del llamado «golpe blando» tiene como primer paso generar malestar y zozobra (miedo) entre la población, para luego deslegitimar al gobierno con editoriales falsos y ataques en las redes sociales. La tercera y cuarta etapa, incluyen el calentamiento de las calles con las movilizaciones constantes de desafectos, para dar la impresión de que la nación está dividida, al mismo tiempo que los complotistas «llaman al dialogo» para ayudar a la unidad nacional, culminando con la fractura de la institucionalidad, hasta obligar a la renuncia del presidente, todo ello motivado por un aparente descontento ciudadano, y sin involucrar a las fuerzas castrenses.
Este modelo de “golpe blando” puesto en marcha contra los gobiernos progresistas de América Latina, cuenta con apoyo internacional. Por ejemplo: ya están en el país los dirigentes de la oposición golpista de Venezuela.
Los fenómenos criminales del mercado y especialmente las prohibiciones penales que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuenta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo economicista, sino de aproximarse a una criminalidad económica, vinculada a poderes de facto, que ya han activado sus resortes para aventurarse a ensayar estas nuevas modalidades de «golpes de estado»
La manipulación periodística y publicitaria de la opinión pública, que genera más terror que el propio crimen, es su instrumento principal de desestabilización fomentada por poderosas organizaciones de medios de información.
Debemos referirnos a ello como un movimiento reaccionario conspirativo, a nivel del subcontinente, que se promueve desde grupos de poder facticos asociados al crimen organizado, quienes llevan años consolidándose para realizar una suerte de contraofensiva de recuperación del poder a través de golpes de estado «silenciosos», e implantar nuevamente modelos de acumulación que han generado la violencia como parte sustancial de sociedades inequitativas e injustas.
