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Criminalización del movimiento social como sometimiento a comunidades

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Tomás Humberto Zúniga, de 62 años de edad, y líder comunitario del Valle La Puerta, Tacuba, Ahuachapán, está consciente del reto que enfrentan en los próximos meses, frente a un sistema judicial amañado, una Fiscalía General de la República parcializada y la represión del gobierno municipal.

“Todos somos iguales ante la Ley” es letra muerta para los pobladores de las siete comunidades de la Asociación de Desarrollo “Bendición de Dios”, que en la última audiencia no aceptaron sus testigos, ni pruebas de descargo testimonial y documentales, así como, peritajes contables de mantenimiento de cajas de los tanques de agua.

“No pueden coartarnos este derecho humano al agua, pedimos justicia y responden con nuestras capturas como si fuéramos terroristas. Nos trataron de humillar pero la gente de la población ha salido a defendernos y las organizaciones como el Foro del Agua, muestran el aprecio que nos tienen y que es justo lo que exigimos”, reseñó.

De nada valieron las medidas cautelares emitidas por David Morales, exprocurador de la PDDH, en protección a los líderes comunales como “defensores de derechos humanos” por el agua. Ni la resolución de la Sala de lo Constitucional en el año 2010, que inhibía al alcalde Joel Ramírez y su concejo municipal de cualquier acción, mientras no se aclarara la apropiación del sistema de agua de los comunitarios. “Estamos claros, los funcionarios públicos fueron electos para servir al pueblo, no a servirse de nosotros, ni tomar fondos del Estado, Así que nuestra lucha por la justicia y la vida continúa, y no nos hemos apropiado de nada que no sea nuestro”, puntualizó.

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