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Redacción Nacionales
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La Fundación Cristosal rechazó “la criminalización” del activista de derechos humanos Fidel Zavala, quien es procesado, según la fiscalía “por hacerse pasar como abogado y por agrupaciones ilícitas”. Sin embargo, la verdadera razón es porque Zavala denunció las torturas dentro de los centros penales en El Salvador.
Cristosal explicó que en sede judicial se utiliza la jurisdicción especial de crimen organizado contra él y otras personas de la comunidad La Floresta. Cuando esto, se podría ver en un tribunal común.
“Estos procedimientos arbitrarios buscarían criminalizar la lucha contra el desalojo forzado de quienes han habitado esa comunidad durante años”, señaló Cristosal.
En el caso de Zavala, “esta criminalización responde a su denuncia pública sobre torturas y muertes dentro de los centros penales, así como a su labor como activista de derechos humanos desde la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC)”, enfatizó Cristosal.
Es de recordar que a Zavala y a los líderes de la Floresta, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado a petición de la Fiscalía General de la República les ordenó detención provisional, bajo la acusación de agrupaciones ilícitas. Sin embargo, la Fiscalía no presentó pruebas que justificaran su solicitud ni que demostraran la vinculación de los detenidos con dicho delito. “Pese a ello, el Tribunal rechazó, sin fundamentación suficiente, las solicitudes de la defensa para que se declarara incompetente”.
Respecto a los Tribunales contra el Crimen Organizado, Cristosal determinó que, en el marco de la aplicación del régimen de excepción y las reformas penales asociadas, estos operan sin respetar las garantías judiciales básicas. Asimismo, observó que llevan a cabo audiencias iniciales sin realizar un control de legalidad sobre las actuaciones policiales y fiscales, ordenando detenciones provisionales que, “en la práctica, se convierten en indefinidas y carentes de fundamento legal”.
Para Cristosal, “es preocupante el contexto de estas detenciones, los abusos sistemáticos en el uso de las leyes destinadas a combatir el crimen organizado, pero utilizadas con arbitrariedad en contra de la ciudadanía organizada, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas”.
En ese sentido, La fundación reiteró el grave riesgo que representa para la vida, integridad física y psicológica de Fidel Zavala la detención administrativa de seis meses ordenada por el juez, debido a las denuncias penales que éste interpuso contra funcionarios de la Dirección General de Centros Penales.
Cristosal advierte que es obligación del juez y de las máximas autoridades de seguridad garantizar el respeto de los derechos de toda persona privada de libertad. “En el caso de Zavala, dichas autoridades deben asegurarse de que el lugar donde cumpla la detención provisional esté resguardado de cualquier agresión o vulneración a sus derechos”.
Cristosal también hizo un llamado a los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas (ONU) para que presten atención al caso, el cual “representa una escalada en la criminalización de la defensa de los derechos humanos en El Salvador”.
