@SilviaCoLatino
Rodolfo Calles de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) reconoció el apoyo que se está haciendo desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) frente al intento de los partidos de la derecha legislativa, de privatizar el recurso hídrico del país.
El Anteproyecto para una Ley General de Aguas, presentado por los partidos ARENA, PCN, GANA y PDC, anula la anterior propuesta de marco jurídico para el recurso agua superficiales y subterráneas del país.
“Nuestra preocupación con esta propuesta de los partidos de la derecha es su exclusión en la autoridad hídrica. Recordemos que nosotros como movimiento ambiental ya teníamos una propuesta bastante avanzada en la mesa de trabajo de la Comisión Ambiental y Cambio Climático, ahora viene la derecha con una nueva propuesta y bota todo el esfuerzo anterior”, indicó.
Sobre los temas que les preocupa al Movimiento Ambiental está vinculado a la composición del “Ente Rector” sobre el recurso hídrico y en la modalidad en que aplicarían para administrar el agua que prácticamente estaría en “manos privadas”.
“Nuestro anteproyecto plantea el enfoque de derecho humano, y por supuesto esto solo lo garantiza el Estado, no pueden argumentar la eficiencia de manejo de un ente privado, cuando hay experiencias palpables de autónomas que se han desempeñado bien en la administración. No olvidemos la educación está en manos del Estado, la salud está en manos del Estado. Porque este tema tiene larga experiencia desde las Juntas de Agua y ADESCOS y ellos tienen mucho que decir sobre este tema”, argumentó.
El Anteproyecto de Ley de Agua presentado por los partidos conservadores, designa en los integrantes de la Junta Directiva a : un representante nombrado por el Presidente de la República; dos Directores provenientes de la Corporación de Municipalidades de la República (COMURES) y dos Directores electos por los miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) con siete años de período de trabajo.
Quienes tendrían facultades y funciones de aprobar la Política Hídrica; aprobar el Plan Nacional Hídrico; Determinación de las Declaratorias de Emergencias nacionales o zonales y aprobar el monto anual de las tasas por uso y aprovechamientos de los recursos hídricos, entre otras atribuciones institucionales.
“El tema agua en la economía no beneficia a todos y todas, obviamente la empresa privada quiere hacer negocio con el recurso hídrico. Y precisamente están haciendo una propuesta a favor de ellos, y quienes quedan desprotegidos es la mayoría de la población y sobre todo, la población rural que no goza de un sistema eficiente de agua. Entonces básicamente con una ley donde la gestión del agua este en mano públicas, para nosotros nos da certeza que las últimas comunidades podrán tener acceso a agua y de calidad. Es por eso, que nosotros vamos a luchar en la calle este derecho humano”, aseguró.